Contraloría · página 50

El Contralor expone que, analizada la documentación adjunta, no resulta posible concluir si la medida reclamada en la especie corresponde efectivamente a una destinación de la peticionaria.

Concluye la CGR aduciendo que “los consejeros y funcionarios directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos están obligados a efectuar declaraciones de intereses y patrimonio".

Plazo que, acorde con el criterio expuesto en el dictamen N° 18.353, de 2009, de esta Entidad de Control, entre otros, es de caducidad y no de prescripción, de modo que no puede interrumpirse ni suspenderse por la interposición de reclamos durante su vigencia.

La CGR desestimó el reclamo señalando que la actuación del organismo reclamado se ajusta a derecho.

El órgano de control precisó que, “en concordancia con el artículo 11 de la ley N° 18.834, los contratados a honorarios se rigen por las reglas establecidas en el respectivo instrumento, no siéndoles aplicables las disposiciones estatutarias de ese texto legal”.

Adujo la peticionaria que la práctica de una serie de diligencias que describe, permitiría demostrar su inocencia.

Expuso la CGR que corresponde que el municipio adopte, a la mayor brevedad, las medidas tendientes a subsanar la situación referida, en coordinación con esa Secretaría de Estado y considerando las particularidades del sector a que alude.

El órgano fiscalizador precisó que “que en la documentación acompañada por la requirente, no aparecen antecedentes que permitan acreditar la existencia de las circunstancias denunciadas".

Se recurrió ante la Contraloría General –por parte de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de Chile- en contra de la separación de funciones que se le aplicó.

Se advierte que la única sanción que la ley prevé por el incumplimiento de dicha exigencia es que tales carreras y programas no podrán acceder a los recursos del Estado.

La CGR concluye que el actuar de Carabineros de Chile, se ha ajustado a derecho al denegar la solicitud de que se trata.

La CGR concluye en esencia que el SII puede disponer las ‘comisiones de servicio’ consultadas.

La CGR concluye que la Municipalidad de Recoleta ajustó su proceder a derecho al denegar la solicitud de que se trata, por lo que desestimó el presente reclamo.

La CGR arguye que el particular fue declarado “no idóneo para el cargo” y que por tal motivo la institución educativa aludida se vio en la obligación de despedirlo.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- pronunciarse sobre la procedencia de que Carabineros de Chile comparezca como órgano constitucionalmente legitimado ante el Tribunal Constitucional en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- pronunciarse sobre un reclamo interpuesto por la decisión del Ejecutivo de otorgarle el carácter de suma urgencia al proyecto de ley sobre AVP.

La Dirección del Trabajo informó que el Departamento Jurídico del servicio, para resolver la primera presentación, solicitó informes tanto al empleador de los recurrentes como al Departamento de Inspección de la aludida entidad.

La CGR arguye que el peticionario ha efectuado diversas presentaciones ante el Organismo Fiscalizador, las que han sido atendidas mediante diversos oficios desde el 2009 a la fecha

Se solicitó ante la CGR, -por parte de una profesional de la educación y exfuncionaria de la Municipalidad de Chillán- un pronunciamiento que determinara la procedencia de su autodespido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo.

La entidad edilicia aludida informó que, previo a emitirse el pronunciamiento en comento, la nombrada sociedad había interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- pronunciarse sobre la revisión del concurso interno llevado a cabo por la Dirección Aeronáutica Civil argumentando que se incurrió en una serie de irregularidades.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular-, pronunciarse sobre retención de devolución del impuesto a la renta.

Se solicitó a la Contraloría General –por parte de la Subdivisión de Auditoría e Inspección de la División de Municipalidades del ente de control– emitir un pronunciamiento acerca de la procedencia de que la Municipalidad de Estación Central haya celebrado unos convenios con el Banco de Crédito e Inversiones.

Se solicitó ala ContraloríaGeneralde la República -por parte de un exfuncionario de Carabineros de Chile- pronunciarse acerca de la legalidad de la decisión adoptada por esa entidad, de no renovar su contrata. En su dictamen, expuso la CGR que el artículo 1° de la orden general N° 1.957, de 2010, dela Dirección General, Directiva del…

Se reclamó a la Contraloría General de la República, por parte de un particular, que la Subsecretaría de Transporte le adeudaría una suma de dinero.

El ente de control recordó que el procedimiento en análisis tuvo por objeto investigar la ausencia injustificada de la recurrente, las que se produjeron por encontrarse ésta en prisión preventiva.

El Contralor indica que el artículo 201, inciso final, prescribe que si el fin del fuero se produjere mientras la mujer estuviere gozando del descanso maternal o permiso parental, continuará percibiendo el subsidio respectivo y devengado hasta la conclusión del período de descanso o permiso.

Se solicitó a la CGR –por parte de un ex funcionario de la Dirección Regional de Aduana de Puerto Montt– pronunciarse sobre el sumario que concluyó con la destitución del reclamante.

Se presentó ante la CGR –por parte del Director del Liceo Municipal Metropolitano de Adultos de la Municipalidad de Santiago- una consulta sobre la legalidad de la circular N° 1, de 2013, de la Superintendencia de Educación, dirigida a los establecimientos educacionales subvencionados municipales y particulares, ya que a su juicio se habría omitido el tiempo asignado a recreos dentro de la distribución del trabajo docente, vulnerando con ello los derechos de los profesionales de la educación.

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de una funcionaria del Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río- con el objeto que se determinara la procedencia de la negativa del director del referido centro de investigar una supuesta situación de acoso laboral, pese a que la comisión de trato laboral del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) la declaró admisible.