Contraloría · página 44

Concluye la CGR manifestando que el sumario administrativo impartido que confirmó la baja por conducta mala, se ajustó a derecho.

La CGR concluye que, contrariamente a lo que opina el municipio ocurrente, el dictamen N° 73.005 de 2014, resulta del todo armónico con lo que habría resuelto la Corte Suprema.

Concluye la CGR arguyendo que la Contraloría Regional de Aysén, procederá a la instrucción de un sumario administrativo en la Municipalidad de Aysén, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos analizados.

La CGR concluye sosteniendo que esa Secretaría de Estado debe adoptar las medidas que correspondan a fin de atender la petición en comento y resolver el fondo del asunto planteado.

La CGR concluye sosteniendo que, considerando que EFE es un órgano que integra la Administración del Estado, resulta aplicable a su respecto la excepción contemplada en el inciso tercero del artículo 116 de la LGUC.

La CGR concluye sosteniendo que la Administración se encuentra habilitada para complementar el referido acto administrativo en los términos previstos en el citado artículo 62 de la Ley N° 19.880.

El órgano de control arguye que las personas contratadas en la citada modalidad, se rigen por las reglas que establezca el pertinente acuerdo y no les serán aplicables las disposiciones de ese texto legal.

El dictamen concluye ordenando al municipio que modifique, en lo pertinente, la ordenanza cuestionada y para que devuelva los dineros percibidos indebidamente.

La CGR concluye sosteniendo que la decisión del Ejército, de requerir que la reclamante reintegre las remuneraciones percibidas por el total de los días comprendidos en esos beneficios, se ajustó a derecho.

Se reclamó ante la Contraloría General de la República, en contra la Municipalidad de Recoleta, en atención a que esa entidad edilicia se habría negado a aprobar la transferencia de la patente de alcoholes que le fuera cedida,

La CGR concluye expresando que el servicio en cuestión debe adoptar todas las medidas tendientes a dejar sin efecto la cuestionada resolución.

La CGR concluye arguyendo que la exfuncionaria, contratada como reemplazante, no pudo gozar del fuero maternal más allá de la fecha de término de su contrata.

El órgano reclamado adujo que debido a que el afectado se encuentra en prisión preventiva, se dispuso la suspensión del entero de sus rentas.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de la Superintendencia de Pensiones- acerca de lo instruido a ese organismo a propósito de lo resuelto en la parte final del dictamen N° 99.028 de 2014.

Concluye el ente contralor, se requiere que el informe o pronunciamiento se elabore por el Intendente y el respectivo instrumento sea sometido a la aprobación del Consejo Regional.

La CGR concluye sosteniendo que la razón por la que resulta improcedente disponer la comisión de servicio en cuestión, está dada por la naturaleza de la labor que se le pretende encomendar.

La CGR concluye manifestando que la superficie de que se trata no constituye una franja de terreno común de la copropiedad, sino que tiene el carácter de bien nacional de uso público.

No obsta a lo expresado, insiste la CGR, el hecho de que esa clase de juegos sea de carácter benéfico, toda vez que la normativa que regula la materia no ha establecido una excepción al respecto.

La CGR concluye desestimando la solicitud de reconsideración del dictamen y ratificándolo en todas sus partes.

Concluye la CGR resolviendo la improcedencia que la CONADI accediera a la solicitud de que se trata, como asimismo que aplicara los efectos del silencio positivo.

El dictamen concluye manifestando que la modificación de rentas sólo puede operar una vez que el acto administrativo que ordena esa promoción sea totalmente tramitado.

Concluye la CGR aduciendo que en los registros del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado aparece que la afectada realizó labores como dependiente en el sector público.

Aduce la CGR que las convenciones de que se trata no podrían quedar supeditadas al consentimiento de ese cuerpo colegiado.

La CGR recordó que en los dictámenes N°s. 42.601 y 80.868, ambos de 2014, resolvió que quienes laboran para la Administración bajo la mencionada modalidad, no son funcionarios.

La CGR concluye sosteniendo que, de haberse configurado un vicio que hubiese incidido en la licitud de la mencionada resolución, no resultaría posible que, en la actualidad, la Armada la deje sin efecto, atendido el transcurso del señalado plazo.

El órgano fiscalizador concluye sosteniendo que no corresponde aplicar el antedicho inciso segundo del artículo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

El Contralor manifiesta que dictámenes anteriores han resuelto que procede el pago de la dieta en la medida que se cumpla con tres requisitos copulativos: a) que se celebre la respectiva sesión; b) que el consejero asista, y c) que este se encuentre presente durante todo su desarrollo, hasta su término.

La CGR concluye manifestando que el municipio deberá velar por que las modificaciones que realice se ajusten al ordenamiento jurídico vigente y a los criterios expresados en la jurisprudencia administrativa del Órgano Fiscalizador.

La CGR concluye que no procede instruir procedimientos disciplinarios ni administrativos en contra del alcalde y concejales, toda vez que estos últimos no revisten la calidad de funcionarios municipales.

La CGR concluye sosteniendo que la exfuncionaria, contratada como reemplazante, no pudo gozar del fuero maternal más allá de la fecha de término de su contrata.