Contraloría · página 20

El ente contralor adujo que, en el evento que se entregue tal autorización, el servicio debe velar por el resguardo del patrimonio público -como lo es un vehículo institucional-, requiriendo las pertinentes cauciones a quienes los conduzcan.

El ente contralor adujo esto, sin perjuicio de que dicha Superintendencia debe fiscalizar que ello se ajuste a las reglas previstas por el legislador.

Esto, a propósito de requerimiento de un particular que solicita un pronunciamiento acerca de la decisión adoptada por la Municipalidad de San Bernardo, en orden a no otorgar el permiso de circulación respecto del vehículo que señala, por encontrarse vencido su certificado de homologación individual.

El ente contralor recordó que, tratándose de los títulos de médico obtenidos en Bolivia, aplica el convenio multilateral de titulación a que se encuentra acogido ese país junto con Chile, esto es, la convención sobre ejercicio de profesiones liberales, adoptada en México el 28 de enero de 1902.

Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia. Se designó como redactores los Ministros Pozo Silva y Vásquez Márquez.

Ente fiscalizador indicó que ediles deben respetar el principio de juridicidad en su actuar y no afectar garantías como la igualdad al lograr eventuales ventajas electorales producto de su sobrexposición en desmedro de otros postulantes al cargo.

El ente contralor concluyó que no es posible admitir en esos términos la postulación del interesado al bono previsto por la ley N° 21.043, toda vez que del análisis de los antecedentes no aparece que su empleadora haya incumplido la obligación de comunicarle oportunamente del proceso de postulación pertinente.

El ente contralor expresó que considerando que el peticionario cesó en funciones sin que se hubiese dispuesto la promoción que pretende, se debe indicar que esta constituyó para él una mera expectativa que no puede materializarse con posterioridad a su desvinculación.

Tanto las SEREMI del Deporte como la Dirección Regional del IND han desarrollado funciones en ese ámbito, dentro de sus respectivas competencias, sin que exista entre ellas un vínculo de jerarquía o subordinación.

El órgano contralor concluyó que sería posible el financiamiento de los gastos derivados de la referida actividad, en la medida que correspondan a encuentros de trabajo que digan relación con las materias que les son propias.

Si bien el acuerdo por el que se consulta se encuentra vigente -al no constar la adopción de uno nuevo en sentido contrario- este dice relación con una materia no susceptible de ser plebiscitada.

El artículo 4 de la ley N° 20.880 establece los funcionarios que se encuentran obligados a rendir una DIP.

El órgano contralor indicó que en el procedimiento seguido en contra del solicitante, en el cual fue sancionado con la medida disciplinaria de propia iniciativa de dos días de permanencia en el cuartel, no se aprecia que se haya incurrido en ilegalidades.

El órgano contralor indicó que el evento de decidir proveer un empleo regido por el código del trabajo mediante un proceso concursal, compete a la pertinente superioridad de esa institución previsional

El órgano contralor advierte que al funcionario se le pagaron los bienios que le han correspondido en relación con sus desempeños, de modo que lo obrado por el Consejo de Defensa del Estado, se ajustó a derecho.

El órgano contralor indicó que es dable inferir que no solo el empleado que registre una cierta cantidad de sanciones disciplinarias consistentes en días de arresto, será incluido en la Lista Nº 4, de Eliminación.

El órgano contralor, en consecuencia, concluyó desestimando la petición efectuada.

El órgano contralor indicó que el retardo en la tramitación de un proceso sumarial, como sucede en la especie, no constituye, por sí solo, un vicio que incida en su validez, por cuanto no recae en un aspecto esencial del mismo.

Por otra parte, se estimó necesario precisar que el pago de la pensión de montepío durante ese último período, resultó improcedente.

El órgano contralor indicó que resultan totalmente aplicables todas las normas de protección a la maternidad.

El órgano contralor indicó que la solicitud que se atiende no da cuenta de alguna irregularidad en dicha actuación que amerite un pronunciamiento.

El órgano contralor complementó que, sin embargo, eso no obsta a que se pueda hacer efectiva una eventual responsabilidad de quienes originen tal dilación.

El órgano contralor concluyó que no se aprecia que el hecho, constituya un vicio legalidad de la resolución impugnada, teniendo en cuenta las atribuciones generales de esa entidad.

El órgano contralor concluyó que todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la normativa se encuentran comprendidos en el precio a suma alzada pactado y, por tanto, que no corresponde que el servicio asuma el costo de su ejecución.

El ente fiscalizador concluyó que no se divisan antecedentes ni elementos de juicio que den cuenta de incumplimientos en el ejercicio de las competencias de la SISS a dicho respecto.

La Superintendencia del Medio Ambiente ejerce sus facultades de fiscalización y sanción también sobre el cumplimiento de los instrumentos y normas de carácter ambiental respecto de los que la ley le ha otorgado expresamente competencia.

El recurrente plantea que en su evaluación se ponderó el castigo de diez días de arresto militar.

Se estimó que dicha forma de notificación importó incurrir en un vicio que afectó el derecho a defensa del interesado, en armonía con el criterio contenido en los dictámenes N° 18.113 y 24.757, de 2018, de este origen.

El ente fiscalizador indicó que la deducción practicada en el finiquito de la recurrente, por concepto de "descuento sumario", no se ajustaría a derecho.

La Comisión Médica Central había determinado que el recurrente padecía de una afección de origen natural, de pronóstico incurable y no invalidante.