Contraloría General de la República
Regulación acuícola
DIRECTEMAR puede autorizar uso de fármacos veterinarios
La Contraloría concluyó que las competencias de DIRECTEMAR y del SAG son complementarias: mientras este último controla los aspectos sanitarios de los medicamentos veterinarios, la autoridad marítima puede evaluar sus riesgos ambientales y fijar condiciones para utilizarlos en aguas bajo su jurisdicción.
La Contraloría concluyó que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) puede exigir autorización para utilizar productos farmacéuticos veterinarios y otros químicos en aguas sometidas a su jurisdicción, aun cuando esos productos cuenten con registro sanitario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
La consulta fue planteada por una asociación de laboratorios veterinarios, que sostuvo que el SAG es la única autoridad encargada de fiscalizar y controlar sanitariamente los medicamentos de uso exclusivamente animal.
El pronunciamiento explicó que ambas instituciones ejercen competencias distintas. El SAG controla la fabricación, registro, almacenamiento, distribución, venta y características sanitarias de los productos veterinarios. DIRECTEMAR, en cambio, debe prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente acuático, por lo que puede evaluar los riesgos derivados del uso de sustancias químicas en el mar, puertos, ríos y lagos.
La circular cuestionada regula productos como desinfectantes, detergentes, antiparasitarios, fungicidas y otras sustancias utilizadas en la actividad acuícola, que pueden llegar directa o accidentalmente al agua. Su evaluación no busca determinar su eficacia farmacológica, sino establecer su aceptabilidad ambiental y el riesgo que representan para la salud humana, animal, la flora y la fauna.
Por ello, se determinó que DIRECTEMAR puede fijar condiciones para el uso de estos productos en ambientes acuáticos, mientras el SAG conserva sus facultades sanitarias. Ambas instituciones se encuentran coordinando criterios para evitar duplicidades en los procedimientos administrativos.
Finalmente, la Contraloría aclaró que no le corresponde pronunciarse sobre los aspectos técnicos o científicos de los productos, pues esa evaluación compete a las autoridades especializadas.
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