La pandemia de las tomas: de la usurpación a la necesidad social

En relación con la toma de viviendas que se reporta en los últimos días, se ha escuchado mucho que el problema del delito de usurpación, esto es, la ocupación de un bien inmueble, como argumento para combatir este conflicto social, es la penalidad con la que se sanciona este delito, afirmándose que no es suficiente para disuadir el delincuente. Misma tesis afirmada por los dos últimos gobiernos respecto de otros tipos penales aún más comunes como el hurto y robo. Tenemos la «ley de agenda corta» promulgada durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet y la reciente «ley antisaqueo» -que no sólo habla de saqueos- promulgada por el presidente Sebastián Piñera.

El objetivo materializado en estas leyes era agravar las penas, así como facilitar la pena efectiva -esto es que queden privados de libertad- y mejorar su persecución penal, todo enmarcado en esta ola de populismo penal que se vive actualmente -populismo penal entendido como la creencia que en el Derecho Penal se encuentra la solución para los problemas sociales-.

Lectoras y lectores les agrego, si bien hay estudios de la materia como la “Teoría de los incentivos económicos” que señala que los delincuentes, como todas las personas en las diferentes acciones que realizan, hacen un análisis costo-beneficio de delinquir. Las penas podrían, entonces, tener un poder disuasivo, ya que disminuyen los incentivos para cometer delitos. En este sentido la pena sería el costo que el delincuente tiene por delinquir. Agregan, que el poder disuasivo de la pena depende de su severidad.