Cuando el Senado se convierte en plaza pública: la degradación de un debate que ya no delibera

El miércoles 5 de agosto recién pasado, a las puertas de la Sala del Senado, dos senadoras protagonizaron un episodio que, más allá de sus protagonistas, merece detenerse a leerlo como síntoma. Poco después de que un grupo de senadores oficialistas realizara un punto de prensa solicitando al Presidente José Antonio Kast indultos para uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social de 2019, Fabiola Campillai se acercó hasta la entrada de la Sala para increpar a Camila Flores.

Lo que siguió fue un intercambio de descalificaciones que incluyó referencias a la hija y al nieto de una senadora, acusaciones de “delincuencia” cruzadas, un llamado a que alguien *“necesita un psiquiatra”*y para cerrar, lo que ya es casi un ritual en la retórica de cierto sector, acusar a la contraparte de no tener *“capacidad intelectual”*para ejercer el cargo.[1]La Mesa del Senado, ante la magnitud del bochorno, optó por derivar el caso a la Comisión de Ética.[2] Es un gesto correcto, pero insuficiente si no se entiende lo que realmente está en juego: este no es un problema de dos senadoras que perdieron la compostura en un mal día. Es un síntoma de cómo el Congreso ha ido cambiando su función.

El Congreso como escenario, no como institución deliberativa

El Parlamento, en su diseño original, es un espacio de deliberación: un lugar donde las diferencias políticas se procesan mediante argumentos, votos y acuerdos, no mediante agravios personales. Lo ocurrido esta semana no es, ni lejanamente, deliberación: es actuación. Y no se trata de un fenómeno aislado ni exclusivo de estas dos senadoras: es la manifestación más reciente de una tendencia que lleva años intensificándose, en la que el valor de una intervención parlamentaria más por su capacidad de viralizarse, al mismo tiempo que se mide menos por su capacidad de convencer a otros legisladores.

Cuando Camila Flores pidió explícitamente que “la grabaran” para mostrar “cómo se comporta la gente”, no estaba buscando persuadir a Campillai ni a sus colegas: estaba produciendo contenido. Ese es, quizás, el dato más revelador del episodio: ambas senadoras parecían saber a ciencia cierta que estaban actuando para una audiencia externa al hemiciclo. La discusión no ocurrió en la Sala, en el marco de un debate legislativo formal, sino en un pasillo, inmediatamente después de un punto de prensa. El escenario, por lo mismo, no fue casual: fue el lugar donde el conflicto podía volverse noticia con mayor eficacia y con menor mediación institucional.

Esto no es exclusivo de Chile ni de este sector político en particular. Es un fenómeno que se observa en parlamentos de toda la región y más allá: la política como espectáculo, donde el insulto certero rinde más dividendos comunicacionales que el argumento sofisticado. Pero eso no es ni debe ser una excusa ni un consuelo. Que sea un fenómeno global no lo vuelve menos corrosivo para la calidad de nuestra democracia representativa, ni exime a quienes ejercen un cargo de elección popular de la responsabilidad que ese cargo implica.

El costo de normalizar el agravio

Hay una diferencia importante entre el conflicto político —legítimo e, incluso, necesario en una democracia sana— y el agravio personal. Discutir sobre si corresponde o no indultar a un excapitán de Carabineros condenado por dejar ciega a una persona es, guste o no a cada uno, un debate político legítimo, con posiciones que merecen ser escuchadas y confrontadas con argumentos, evidencia y principios jurídicos. Decirle a una colega que tiene “un nieto delincuente” o que “necesita un psiquiatra” no es debate político: es una descalificación que sólo busca herir, no argumentar, y que además instrumentaliza a terceros —familiares que no han elegido exponerse públicamente— con fines exclusivamente retóricos.

El problema de normalizar este tipo de intercambios va más allá de lo estético. Tiene consecuencias concretas sobre la calidad de las políticas públicas que el país necesita discutir. Cada minuto que el Senado dedica a un enfrentamiento de este tipo —y cada titular que genera— es un minuto que no se dedica a explicar a la ciudadanía los términos reales del debate sobre cualquiera de los centenares de proyectos de ley que efectivamente afectan a la vida cotidiana de las personas. La política del agravio desplaza a la política de las ideas, y ese desplazamiento tiene un costo silencioso y muy alto: erosiona la capacidad ciudadana de distinguir entre un debate sustantivo y un circo mediático.

Además, hay un efecto de arrastre que no debe subestimarse. Cuando el estándar de comportamiento aceptable en el Congreso se relaja, cada nuevo episodio necesita ser un poco más extremo que el anterior para generar el mismo impacto mediático. Es un espiral que no tiene un techo natural, salvo la intervención institucional o el autocontrol de quienes ejercen el cargo. Ninguna de las dos cosas parece estar funcionando con suficiente fuerza en este momento, y el episodio de esta semana —lejos de ser el punto más bajo posible— probablemente será superado por el próximo.