Procedimiento de cobro de una sentencia al Fisco: el olvidado artículo 752 del Código de Procedimiento civil

Obtener una sentencia condenatoria contra el Fisco no es lo mismo que obtener el pago. Entre una cosa y la otra media un procedimiento especial, silencioso y poco comentado, que la mayoría de los litigantes descubre recién cuando ya ganó el juicio: el que establece el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil.

La regla es sencilla de enunciar. Ejecutoriada la sentencia que condena al Fisco a una prestación, el tribunal no despacha ejecución como lo haría contra cualquier deudor. En su lugar, remite un oficio al ministerio que corresponda, acompañando copia autorizada de los fallos de primera y segunda instancia con su certificado de ejecutoria. Recibido ese oficio, la condena debe cumplirse dentro de los sesenta días siguientes, mediante un decreto expedido a través del ministerio respectivo, y es la Tesorería General de la República la que finalmente paga.

A ese recorrido se suma un paso que suele pasar inadvertido. Conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, las sentencias que los tribunales remiten a los ministerios en virtud del artículo 752 son enviadas al Consejo para su informe, y este dispone de treinta días para indicar el nombre de la persona a cuyo favor debe hacerse el pago. Solo entonces el ministerio dicta el decreto y la Tesorería desembolsa.

De modo que quien venció al Fisco no cobra directamente. Su acreencia, ya reconocida en una sentencia firme, transita todavía por el tribunal, el Consejo de Defensa del Estado, el ministerio y la Tesorería antes de convertirse en dinero. Es un circuito administrativo que se abre justo cuando el juicio, en rigor, ya terminó.

Conviene decir de inmediato que este régimen tiene una explicación razonable. El patrimonio fiscal no es un patrimonio cualquiera: se nutre de recursos públicos, está sujeto a reglas presupuestarias y no puede quedar expuesto a la ejecución forzada y al embargo del mismo modo que el de un particular. Que exista un procedimiento reglado para pagar, con intervención del ministerio y de la Tesorería, resguarda el orden en el uso de fondos que son de todos. La especialidad, en abstracto, se justifica.

El punto que merece reflexión es otro, y está en el propio inciso final del artículo. La norma dispone que, cuando la sentencia no ordenó reajuste y la cantidad no se paga dentro de esos sesenta días, la suma se reajustará según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la ejecutoria y el mes anterior al pago efectivo. La Corte Suprema ha leído ese inciso con nitidez: para el legislador, la demora del Fisco en cumplir una prestación pecuniaria solo es tolerada hasta sesenta días después de recibido el oficio en el ministerio; transcurrido ese plazo, deberá pagarse la cantidad reajustada.