Función pública y dignidad: cuando una “broma” revela una grave falta de criterio

Durante los últimos días, Chile ha sido testigo de un episodio que trasciende una simple polémica en redes sociales. Resulta difícil comprender que, en pleno 2026, una persona con formación profesional, un currículum destacado y la responsabilidad de asesorar a un parlamentario —esto es, colaborar con quien participa en la elaboración y modificación de las leyes de la República— incurra en expresiones que banalizan el abuso sexual infantil y ridiculizan a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Quien ocupa una función de esa naturaleza no solo representa capacidades técnicas, sino también un estándar ético acorde con la relevancia de la función pública.

Algunos sostendrán que los hechos ocurrieron en un contexto privado, durante una reunión entre amigos. Sin embargo, el carácter privado de una conversación no convierte en aceptables determinados discursos. Las bromas también reflejan convicciones, límites éticos y la cultura que se comparte dentro de un grupo. Cuando un círculo de adultos normaliza comentarios que trivializan el abuso sexual infantil o utilizan la discapacidad como objeto de burla, el problema deja de ser únicamente individual y revela una preocupante falta de conciencia respecto de la dignidad de las personas más vulnerables. Por ello, las desvinculaciones y renuncias conocidas hasta ahora parecen ser una consecuencia institucional correcta, aunque inevitablemente abren el debate sobre si ello resulta suficiente.

La gravedad del caso aumenta si se considera que desde el año 2023 Chile cuenta con la Ley N.º 21.545, conocida como Ley TEA, cuyo propósito es promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas. Nuestro país ha avanzado, no sin esfuerzo, en reconocer que las personas con autismo enfrentan barreras permanentes para su plena inclusión y, en muchos casos, mayores riesgos de sufrir distintas formas de vulneración. Particularmente preocupante es la situación de personas autistas no hablantes o con dificultades significativas de comunicación, quienes pueden encontrar mayores obstáculos para denunciar hechos de violencia o pedir ayuda. En ese contexto, convertir esa realidad en motivo de burla representa un retroceso respecto del camino que la sociedad chilena ha intentado construir.