Cartas al Director
8 de agosto: el Día de los Juzgados de Policía Local. Una justicia centenaria frente al desafío de reinventarse
La conmemoración del Día de los Juzgados de Policía Local invita a mirar más allá de su trayectoria histórica y a proyectar esta judicatura hacia los desafíos del siglo XXI. Su cercanía con los conflictos cotidianos de la ciudadanía exige avanzar hacia una justicia local más accesible, interoperable, digital, transparente y centrada en las personas, transformando experiencias de innovación como la desarrollada en Gorbea en una verdadera política pública nacional.
El establecimiento del 8 de agosto como Día de los Juzgados de Policía Local, mediante la Ley N.º 21.038, constituye mucho más que un reconocimiento simbólico a una institución con una extensa trayectoria histórica. Representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel que esta judicatura ha desempeñado en la construcción del acceso a la justicia en Chile y, especialmente, para preguntarnos cuál debe ser su lugar dentro de un Estado democrático y digital del siglo XXI.
Toda conmemoración institucional plantea una interrogante que supera el significado propio de la fecha: ¿qué es aquello que realmente estamos celebrando? ¿La permanencia de una institución que ha sobrevivido durante décadas o la vigencia de un modelo de justicia capaz de responder adecuadamente a las necesidades actuales de la ciudadanía? La respuesta resulta fundamental, porque las instituciones jurídicas no adquieren legitimidad únicamente por su historia, sino por su capacidad permanente de cumplir la función pública para la cual fueron creadas.
La historia de la justicia local chilena demuestra precisamente que su principal característica ha sido la evolución, ya que sus raíces pueden encontrarse mucho antes de la actual configuración de los Juzgados de Policía Local, por ello la preocupación por acercar la jurisdicción a las comunidades aparece desde los primeros modelos de organización republicana y se relaciona con una tradición más amplia de justicia de proximidad local, inspirada en figuras como los jueces de paz y las antiguas magistraturas locales.
Desde sus orígenes, la finalidad de esta justicia fue responder a una necesidad esencial: que los conflictos cotidianos de las personas pudieran encontrar una solución cercana, sencilla y efectiva, evitando que la distancia territorial, la complejidad procedimental o las barreras económicas transformaran la justicia en un servicio lejano para quienes más lo necesitaban, tal como lo manifiesta la historia de la Ley 6.827. La justicia local surge, como una manifestación de la necesidad de acercar la solución del conflicto al ciudadano, mediante procedimientos simples, dinámicos y adaptados a la realidad de cada comunidad.
Ese tránsito histórico ha sido diverso. La justicia local ha conocido distintas expresiones: jueces de paz, tribunales de faltas, modelos conciliatorios y finalmente los actuales Juzgados de Policía Local, que representan una fórmula propia dentro del sistema jurídico chileno. La evolución desde aquellas primeras formas de justicia cercana hasta la actual judicatura local demuestra que este tipo de órganos jurisdiccionales ha buscado responder permanentemente a una misma finalidad: garantizar que la justicia pueda llegar al ciudadano común.
En Chile, esta evolución encontró un punto de consolidación con la publicación de la Ley N.º 15.231, de 8 de agosto de 1963, fecha que hoy se transforma en un hito institucional para esta judicatura. Sin embargo, la verdadera explicación de la permanencia de los Juzgados de Policía Local no se encuentra únicamente en una norma jurídica, sino en su capacidad de adaptación frente a los cambios sociales.
Los Juzgados de Policía Local nunca fueron concebidos exclusivamente como tribunales encargados de conocer infracciones de tránsito. Con el paso del tiempo, fueron incorporando nuevas competencias y asumiendo un papel cada vez más relevante en la resolución de conflictos vinculados con la vida cotidiana de las personas: tránsito, consumo, urbanismo, protección ambiental local, tenencia responsable de mascotas, ordenanzas municipales y diversas materias que impactan directamente en la convivencia social.
Precisamente esa capacidad de adaptación explica su importancia actual. La justicia local representa una expresión concreta del acceso a la justicia, porque es el espacio donde muchas personas tienen su primer y, en ocasiones, único contacto con el sistema jurisdiccional. Es en estos tribunales donde el ciudadano enfrenta problemas reales y cotidianos que afectan su vida diaria.
Sin embargo, esta fortaleza histórica también revela el principal desafío que enfrenta actualmente está judicatura. Los tribunales que constituyen una de las puertas de entrada más frecuentes de la ciudadanía al sistema de justicia chileno continúan funcionando, en gran medida, bajo una estructura institucional diseñada para una realidad distinta. Persisten diferencias relevantes entre tribunales; los niveles de desarrollo tecnológico son desiguales; la infraestructura depende muchas veces de las capacidades de cada municipio; la interoperabilidad institucional es limitada; y la experiencia del usuario puede variar considerablemente dependiendo del territorio en que se encuentre.
El acceso a la justicia local no debería depender del lugar donde vive una persona. Por ello, el desafío actual no consiste únicamente en incorporar tecnología o digitalizar procedimientos existentes. Durante años la discusión sobre modernización judicial estuvo centrada en trasladar expedientes físicos a plataformas electrónicas, incorporar firma digital o utilizar herramientas informáticas. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente. La transformación digital de la justicia no puede limitarse a reproducir en una pantalla los mismos procedimientos tradicionales.
La verdadera transformación consiste en repensar el servicio judicial desde la perspectiva del usuario, por ello la pregunta fundamental ya no es cómo digitalizamos un tribunal, sino cómo construimos un tribunal diseñado para las personas. Esta reflexión ha acompañado durante años la evolución doctrinal sobre la justicia local y, desde una perspectiva histórica, se ha sostenido que esta justicia debe orientarse a resolver los conflictos cercanos al ciudadano mediante estructuras capaces de entregar respuestas rápidas, simples, accesibles y adecuadas a la realidad territorial. Posteriormente, se ha planteado que los conflictos cotidianos requieren una justicia más colaborativa, menos ritualista y centrada en lograr una tutela judicial efectiva.
Más recientemente, el desafío se ha trasladado hacia la construcción de una justicia local digital, donde la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la experiencia del ciudadano. Ya no se trata solamente de digitalizar procesos judiciales, sino de avanzar hacia oficinas judiciales virtuales y modelos de tribunales en línea que sitúen al justiciable como centro del servicio judicial.
Desde la experiencia práctica del Juzgado de Policía Local de Gorbea, hemos intentado demostrar que este camino es posible. La transformación emprendida ha partido de una convicción esencial: la innovación tecnológica solo tiene sentido cuando permite mejorar efectivamente el acceso a la justicia. Bajo esa premisa se han impulsado herramientas destinadas a acercar el tribunal a la comunidad: atención remota, formularios electrónicos, gestión digital, notificaciones electrónicas, difusión mediante plataformas digitales, lenguaje claro y mecanismos orientados a facilitar la comprensión de los procedimientos. Pero el elemento central de esta transformación no ha sido exclusivamente tecnológico, ha sido cultural.
La modernización de un tribunal requiere comprender que la legitimidad judicial no depende solamente de dictar resoluciones correctas, sino también de construir instituciones transparentes, comprensibles y cercanas.
En este punto, la Justicia Abierta adquiere una relevancia fundamental. La Justicia Abierta implica comprender que los tribunales deben fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración institucional y la innovación como herramientas para mejorar la relación entre justicia y comunidad. La experiencia desarrollada en Gorbea demuestra que estos principios pueden aplicarse desde un tribunal local, mediante audiencias más transparentes, lenguaje accesible, canales de información digital, colaboración con otras instituciones y herramientas tecnológicas orientadas al usuario.
La Justicia Abierta no reemplaza la independencia judicial, sino la fortalece. No disminuye la autoridad del juez sino la legitima. No transforma al tribunal en una oficina administrativa, sino lo convierte en una institución más cercana y comprensible para quienes recurren a ella.
El desafío nacional consiste ahora en transformar experiencias individuales en una verdadera política pública para los Juzgados de Policía Local del país. La modernización de esta jurisdicción requiere avanzar hacia modelos interoperables, expedientes electrónicos, servicios judiciales virtuales, audiencias híbridas, sistemas de gestión modernos y estándares comunes que permitan garantizar igualdad en el acceso a la justicia.
Los Juzgados de Policía Local no pueden continuar siendo observados únicamente desde una perspectiva infraccional, pues constituyen una jurisdicción estratégica para el Estado porque conocen los conflictos cotidianos que afectan directamente la convivencia social.
La ciudadanía no construye su percepción del sistema judicial únicamente a partir de las grandes decisiones de los tribunales superiores. La construye cuando concurre a un tribunal cercano para resolver un accidente de tránsito, un problema de consumo, una infracción municipal o una controversia que afecta su vida diaria. Es allí donde el Estado demuestra su capacidad real de garantizar una tutela judicial efectiva.
Celebrar el Día de los Juzgados de Policía Local significa reconocer la historia de esta institución, valorar el trabajo silencioso de jueces y funcionarios que diariamente desarrollan esta labor a lo largo del país, pero también asumir que el futuro exige una transformación profunda.
Después de más de un siglo de evolución de la justicia local, la pregunta ya no es si esta judicatura debe cambiar. La pregunta es si tendremos la capacidad de convertirla en la primera gran jurisdicción chilena diseñada íntegramente para el ciudadano del siglo XXI.
Quizás el mayor error que podríamos cometer al celebrar esta fecha sería pensar que estamos conmemorando una institución terminada. La historia demuestra exactamente lo contrario, desde los antiguos modelos de justicia de proximidad hasta los actuales Juzgados de Policía Local, esta judicatura ha permanecido vigente porque nunca ha dejado de transformarse. Hoy esa transformación vuelve a ser necesaria.
El verdadero homenaje que merece esta institución no consiste solamente en recordar lo que ha construido durante décadas, sino en asumir colectivamente el desafío de proyectarla hacia el futuro como una justicia cercana, abierta, tecnológica, colaborativa y profundamente comprometida con el acceso efectivo a la justicia.
La mayor fortaleza de los Juzgados de Policía Local nunca ha sido únicamente su permanencia. Ha sido, precisamente, su extraordinaria capacidad para evolucionar.
Andrés Celedón Baeza
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción y abogado. Es Máster en Derecho por la Università di Genova, Máster en Derecho Procesal por la Universidad Católica de Temuco y Máster en Economía y Derecho del Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha.
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