Propuestas para superar la crisis de legitimidad del Poder Judicial, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

Por su lado, la postura maximalista propone transferir todo el gobierno judicial a un consejo de la magistratura autónomo, modelo adoptado en varios países latinoamericanos, pero esta posición presenta también problemas al unificar funciones muy distintas bajo una misma lógica y no logra evitar la politización del poder judicial. En muchos casos se ha convertido en herramienta de captura política y reproduce problemas de opacidad y clientelismo. El texto cita ejemplos de los consejos de la magistratura en Perú, Argentina y España, sugiriendo que este modelo no ha sido exitoso en la práctica.

Luego la publicación describe la propuesta de rediseño institucional del Gobierno Judicial en debate, que divide el gobierno judicial en órganos especializados creando un Consejo de Nombramientos Judiciales, de composición mixta, con funciones acotadas a la gestión de concursos públicos, para proponer ternas o quinas al Presidente, y que para integrar la Corte Suprema hace participe al Senado que deberá prestar su acuerdo con 2/3 de sus miembros a la nominación que haga el Presidente de la República.

También se propone reformar del Sistema Disciplinario, separando la investigación del juzgamiento, creando una Fiscalía Judicial para indagar faltas y un Tribunal de Conducta Judicial autónomo que resuelva, prohibiéndole examinar el contenido de las sentencias.

Finalmente, se plantea transformar la Corporación Administrativa del Poder Judicial, convirtiéndola en un órgano autónomo, con potestad reglamentaria, obligación de rendir cuentas ante la Contraloría, lo que busca reforzar la transparencia y modernizar la administración.

Un apartado final la publicación se refiere al rol del Senado en los nombramientos de la Corte Suprema. Indica que el sistema actual se critica por el alto quórum (2/3 del Senado) que ha convertido las designaciones en espacios de negociación política, generado prácticas de lobby y gestiones personales por parte de los candidatos lo que puede afectar la imagen de independencia del tribunal. De otra parte, para mantener la intervención del Senado se argumenta que la Corte Suprema es el órgano superior del Poder Judicial con alto impacto público y es razonable que su integración requiera cierto grado de control democrático. Otras autoridades importantes también requieren aprobación del Senado (ej. Fiscal Nacional, Contralor General, consejeros del Banco Central). Sería anómalo excluir al Senado del nombramiento de la máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado.

Sin embargo, la publicación propone algunos cambios para acotar la discrecionalidad del Senado, reforzando la etapa previa con concursos públicos en base a criterios objetivos, ternas jerarquizadas elaboradas por el Consejo de Nombramientos Judiciales y fijar un plazo definido para que el Senado se pronuncie. Si el Senado no se pronuncia en el plazo, el candidato propuesto se entiende aprobado. Con estos cambios se busca limitar el margen de maniobra política, reducir el riesgo de bloqueos, fortalecer la transparencia del proceso. El desafío no es eliminar la intervención del Senado, sino perfeccionarla encauzando su función republicana dentro de procedimientos que reduzcan la arbitrariedad.

Concluye la publicación que la reforma al gobierno judicial no puede limitarse a ajustes menores ni caer en soluciones maximalistas que arrastren nuevos riesgos. Separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, reducir la discrecionalidad interna y perfeccionar los controles democráticos externos son pasos imprescindibles para fortalecer la independencia judicial y recuperar la legitimidad del sistema. La propuesta que se tramita en el Congreso ofrece una base técnica y políticamente viable para avanzar en esa dirección. Quizá el único aspecto que requiere mayor debate, es la composición del Consejo de Nombramientos.

Vea texto “Propuestas para superar la crisis de legitimidad del Poder Judicial” del Instituto Libertad y Desarrollo.