Cuando el Estado decide querellarse: lo que revela el suicidio femicida (y lo que aún queda pendiente en el ámbito laboral), por Andrés Lucero y Enrique Escobar

Chile ha dado un paso que, hasta hace poco, resultaba jurídicamente improbable: reconocer que un suicidio puede ser imputable a un tercero.

Ese es el sentido del suicidio femicida, incorporado al Código Penal mediante la Ley N° 21.523, que sanciona a quien cause el suicidio de una mujer en un contexto de violencia de género previa (Biblioteca del Congreso Nacional, 2023). Este tema ha sido abordado con mayor profundidad en la columna “El suicidio femicida ya tiene reconocimiento legal, ¿cuándo llegará el turno del suicidio laboral?”, publicada por Diario Constitucional el 9 de septiembre de 2025.

Sin embargo, el verdadero cambio no radica únicamente en la tipificación penal, sino en la decisión del Estado de asumir un rol activo en la persecución de estos hechos. A partir de la Ley N° 21.675 y su reglamento, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) no solo se encuentra facultado para intervenir, sino que debe evaluar los antecedentes, calificar el caso y deducir querella dentro del plazo establecido, activando además el correspondiente circuito intersectorial.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, esto implica un cambio estructural: el suicidio deja de ser abordado exclusivamente como un acto individual y pasa a ser susceptible de imputación en contextos relacionales de violencia, con una titularidad activa del Estado en la persecución penal.

El onus probandi: de la causalidad individual a la construcción de contextos estructurales de imputación

La aplicación práctica de esta figura ha comenzado a delinear estándares relevantes. En casos como los de Caldera y Antofagasta, el Ministerio Público ha estructurado la imputación sobre la base de tres elementos centrales:

• Existencia de violencia de género previa,

• Proximidad y escalada de dicha violencia, y

• Un nexo causal jurídicamente atribuible entre ese contexto y el suicidio (Ministerio Público, 2025; Poder Judicial, 2025).

Esto se articula con lineamientos institucionales que establecen que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo la hipótesis de femicidio, incluso cuando aparenta ser un suicidio, precisamente para evitar la pérdida de evidencia contextual (Ministerio Público, 2024). Surge entonces la pregunta de por qué no todo accidente ocurrido en el ámbito laboral se aborda bajo un razonamiento similar, que permita considerar, desde el inicio, la posibilidad de un suicidio.

En términos dogmáticos, lo que se está configurando es una forma de causalidad compleja, donde el foco no recae únicamente en el acto final, sino en el entorno de coerción, dominación o daño psicológico sostenido, lo cual resulta análogo a lo que se observa en determinados contextos laborales.

El contraste incómodo: el trabajo como zona sin imputación

En el ámbito laboral, Chile ha avanzado en reconocer el riesgo. La Superintendencia de Seguridad Social, mediante la Circular N° 3873, establece obligaciones de los organismos administradores para prevenir el suicidio en el trabajo y gestionar factores de riesgo psicosocial (SUSESO, 2025).

Sin embargo, ese avance tiene un límite claro:

• no existe una figura jurídica equivalente,