Mantener anotaciones relativas a incumplimiento de penas cumplidas en el marco del Código de Procedimiento Penal afecta la libertad personal de amparado.

La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones, el Décimo Juzgado del Crimen de San Miguel y del Servicio de Registro Civil e Identificación, por mantener ordenes de arraigo por causas cuyas penas ya fueron cumplidas en el marco del Código de Procedimiento Penal.

El recurrente alegó que, con ocasión de que decidió viajar a Mendoza tomó conocimiento de que mantenía ordenes de arraigo pendientes, en cuanto la Policía de Investigaciones le impidió salir del país, en circunstancias que dichas cautelares obedecían a causas judiciales iniciadas en los años 1995, 1996 y 1998, todas con sentencias ejecutoriadas y, en algunos casos, con penas cumplidas o remitidas, por lo que mantener las medidas cautelares de arraigo nacional, no hace más que vulnerar su libertad personal.

El Primer Juzgado Civil de San Miguel informó que, en la causa del 10° Juzgado del Crimen de San Miguel fue condenado y rebajada su pena a 541 días con beneficio de pena remitida, la cual fue cumplida el 1 de marzo de 2017 según Gendarmería. Pese a no existir órdenes de aprehensión vigentes, aún figuraba una orden de arraigo, la que fue alzada por el tribunal conforme al artículo 305 bis C del Código de Procedimiento Penal.