Ambiental · página 28

En cuanto a las alegaciones sustantivas, el Tribunal sostuvo que la resolución reclamada se ajusta a derecho al concluir que se pudo constatar que no se presentan a su respecto ilegalidades ni por tanto vicios del procedimiento que pudieren afectar la validez de la RCA N° 344/2016, por recaer en algún requisito esencial del proceso de evaluación de impacto ambiental.

Los reclamos fueron interpuestos por la concejala de San José de Maipo Maite Birke, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo; y un grupo de integrantes de la Red Metropolitana No Alto Maipo en conjunto con una vecina de dicha comuna, luego de que la SMA aprobara el programa de cumplimento elaborado por la empresa y suspendiera el procedimiento administrativo sancionatorio llevado en su contra por diversos incumplimientos a la RCA que aprobó el proyecto.

El Tribunal ordenó a la SMA retomar el proceso administrativo sancionatorio y SQM debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas.

La Municipalidad señala que participó en el proceso de evaluación ambiental, lo que la faculta para presentar una reclamación administrativa y posteriormente una judicial.

El proyecto se compone de una serie de obras y partes que configuran 2 sistemas que apuntan a recuperar y mantener los niveles de tratamiento y producción de La Minera.

El libelo señala que, si bien aún no se ha determinado expresamente la responsabilidad de la empresa, resulta al menos coincidente que los hechos descritos puedan estar vinculados a una práctica habitual y a lo menos negligente.

El máximo Tribunal explica que la norma que rige la materia dispone con meridiana claridad que el Servicio de Evaluación Ambiental, en el procedimiento de interpretación de una RCA, debe requerir previamente informes de los organismos sectoriales que haya participado en el proceso de evaluación, mas, en ningún caso, el legislador ha relevado al SEA de exigir estos informes.

Conformaron el Tribunal, el Ministro Presidente Hunter Ampuero, la Ministra Villalobos Volpi y el Ministro Suplente Retamal Valenzuela.

Los sentenciadores son de la opinión que la reclamada ha dado total cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que regulan lo relativo al procedimiento de participación ciudadana.

La sentencia cometería un error al considerar que los Municipios detentan legitimación activa para interponer reclamaciones administrativas.

La causa se encuentra en estado de acuerdo, designándose para la redacción de la sentencia al Ministro señor Opazo Lagos.

La sentencia señala que los recurrentes tienen el carácter de tercero coadyuvante por lo que su interés está condicionado al de la parte al que adhieren.

El reclamante solicita que se deje sin efecto la resolución sancionatoria y la resolución que rechazó el recurso de reposición presentado posteriormente.

No sería efectivo que la Minera haya sostenido un diálogo abierto y transparente con los reclamantes.

La Minera Maricunga provocó un derrame de petróleo, de aproximadamente 12 toneladas, en el mes de mayo del año 2017, en sector Rancho del Gallo, en el área de los generadores del Campamento el Gallo.

La causa quedó en estado de acuerdo, designando como redactor de la sentencia al Ministro Hunter.

La sentencia anula las resoluciones del SEA que declararon inadmisibles las reclamaciones de las Municipalidades de Caldera y Copiapó respecto de la calificación favorable al proyecto.

La causa quedó en estudio por un plazo de 30 días a partir de la fecha de su vista.

La resolución declaró que se ha causado daño ambiental a la vegetación, cauce y suelo de la Quebrada La Loma.

Sentencia concluyó que, en la resolución sancionatoria, la Superintendencia no fundamentó adecuadamente las circunstancias por las que definió la multa de 108 UTA contra la empresa

La empresa es titular del proyecto "Instalaciones Agroindustrial Agrícola Santis Frut", calificado favorablemente en 2003 (RCA N° 53/2003) por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso. Sin embargo, en abril de 2012, debido a incumplimientos de las condiciones establecidas para el sistema de tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (Riles) la autoridad ambiental revocó su RCA.

Dejó sin efecto resolución que sancionó a Transportes Thomas con una multa por 75 UTA, ordenando a la Superintendencia resolver el procedimiento conforme a derecho.

Sentencia declara ilegalidad en actuar de la autoridad sanitaria, ordenándole dictar una nueva resolución que dé cuenta del cumplimiento de la obligación del retiro de los residuos de escorias de ferromolibdeno efectuado por Molymet, en Pozo Lo Adasme.

Se resuelve acoger la reclamación en contra de las Resoluciones Exentas N° 279, de 7 de abril de 2017, y N° 163, de 6 de febrero de 2018, ambas dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, en lo que respecta a la acreditación y configuración de la infracción N° 12 y a la consideración de la capacidad económica, como circunstancia del artículo 40 letra f) de la LOSMA.

El programa de cumplimiento de Minera Florida había sido cuestionado con anterioridad ante el Tribunal Ambiental de Santiago por el mismo vecino de Alhué.

La reclamación fue interpuesta por un grupo de vecinas, que además forman parte de la Agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio, pues consideran que el Pan de Prevención y Descontaminación (PPDA) para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví "no cumple con el objetivo por el cual fue dictado ni con el sentido de la legislación ambiental, esto es, la protección del medio ambiente.

El proyecto, cuyo titular es Agrícola Sichahue Ltda., consiste en la instalación y puesta en marcha de una piscicultura, en el sector Sichahue de la ribera norte del río Calcurrupe, comuna de Futrono, abastecida mecánicamente con aguas de dicho río, siendo su objetivo final cultivar 280 ton/año de salmónidos hasta la etapa de smolt.

Agrícola Alma solicita al Tribunal acoja la reclamación y anule la resolución que resolvió rechazar la invalidación, "por no estar conforme a Derecho", ordenando a la Comisión de Evaluación de Valparaíso acoger la solicitud de invalidación de la RCA que aprobó el proyecto.

El fallo hace presente que las personas que acudieron a reclamar ante el Tribunal Ambiental, también lo habían hecho como terceros coadyuvantes en el recurso de protección interpuesto en contra de la RCA del proyecto, y por tanto deben asumir "los mismos efectos que la tramitación y el resultado del proceso genera en la parte principal".

El Tribunal se abocó a analizar las alegaciones asociadas a línea de base meteorológica; supuesta falta de caracterización de la meteorología del territorio; eventual falta de información referida a las magnitudes de viento que fueron utilizadas en la modelación y la incorporación del uso de un desnitrificador.