Tribunal Constitucional de Perú establece que rondas campesinas deben respetar DD.HH. de acusados al impartir justicia comunal

El Tribunal Constitucional de Perú acogió el recurso de amparo de dos personas acusadas de femicidio que fueron sometidos a apremios ilegítimos por parte de una ronda campesina: organizaciones comunitarias rurales creadas para garantizar la seguridad y administrar justicia en algunas zonas de Perú. Constató una violación a los derechos a la libertad personal y a no ser objeto de tratos inhumanos y degradantes de los afectados, al constatar que la organización transgredió los límites establecidos en la Constitución Nacional en su actuación.

Según los hechos narrados, dos personas fueron retenidas en la plaza de armas de una comunidad rural por ronderos campesinos, quienes los interrogaron por su presunta participación en un delito de feminicidio. Durante un tiempo fueron sometidos a desplazamientos forzados por diversas localidades, encadenados y expuestos públicamente, lo cual fue difundido en redes sociales.

La demanda fue rechazada en sede judicial. Los tribunales de instancia estimaron que los órganos fiscales y judiciales no podían criminalizar las conductas ejercidas en el marco de su función jurisdiccional comunitaria, pues ello supondría una injerencia en sus competencias. Además, sostuvieron que no se había acreditado que los denunciantes sufrieran torturas.