Actualidad Internacional
Alegan sanción desproporcionada
Tribunal británico permite a organización Palestine Action impugnar su prohibición bajo la Ley de Terrorismo
El fallo le permite impugnar la decisión del gobierno británico de prohibir su actividad bajo la Ley de Terrorismo de 2000. La resolución permitirá que la organización presente su caso ante el Tribunal Superior, donde se evaluará la legalidad de la decisión gubernamental que la declaró entidad terrorista.
El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido resolvió que el movimiento Palestine Action podrá seguir adelante con su desafío legal frente a la decisión del Ministerio del Interior que lo proscribió como organización terrorista. La jueza del caso rechazó la solicitud del gobierno de impedir el proceso, habilitando a la cofundadora Huda Ammori y a su equipo a presentar el caso ante el Tribunal Superior.
La decisión judicial surge tras la orden emitida en junio por la ministra del Interior, Yvette Cooper, quien dispuso la inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones prohibidas conforme a la Ley de Terrorismo de 2000. La medida entró en vigor en julio y establece que la pertenencia o el apoyo a dicho grupo constituye un delito penal sancionado con hasta 14 años de prisión.
El Ministerio del Interior argumentó que las actividades del grupo cumplían con los criterios legales de terrorismo debido a diversos incidentes en los que miembros de la organización habrían causado daños materiales en instalaciones vinculadas a la producción de armamento destinado a Israel.
Por su parte, la defensa sostiene que la decisión gubernamental no cumplió con una evaluación adecuada de proporcionalidad conforme a la Ley de Derechos Humanos de 1998, que incorpora el Convenio Europeo de Derechos Humanos al derecho británico. El equipo jurídico alega además que el gobierno no llevó a cabo una consulta suficiente ni consideró alternativas menos restrictivas antes de adoptar la medida.
El Tribunal de Apelaciones señaló que el procedimiento de impugnación disponible a través de la Comisión de Apelación de Organizaciones Proscritas no garantizaba una protección adecuada de los derechos de quienes ya habían sido acusados en virtud de la prohibición. En consecuencia, consideró que la revisión judicial representa un mecanismo más apropiado para evaluar la legalidad del acto administrativo.
Se prevé que la audiencia sobre el reclamo de revisión judicial se realice en noviembre, instancia en la que se analizarán los argumentos del grupo activista y la respuesta del gobierno británico.
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