Actualidad Internacional
Estados Unidos.
Demandan a Linkedin por compartir presuntamente información privada de usuarios para entrenar modelos de inteligencia artificial.
LinkedIn habría introducido una configuración de privacidad que permitiría a los usuarios habilitar o deshabilitar el intercambio de sus datos personales. Posteriormente, el 18 de septiembre del mismo año, la compañía actualizó su política de privacidad, indicando que dichos datos podrían ser utilizados con fines de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Un grupo de usuarios de la plataforma LinkedIn Premium presentó una demanda colectiva (acción de clase) contra la empresa, en estrados del Tribunal Federal de San José, California. La demanda alega que LinkedIn, una plataforma de redes sociales centrada en el ámbito profesional, habría utilizado mensajes privados enviados a través de su sistema InMail para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa, sin el consentimiento expreso de los usuarios afectados.
Según el escrito presentado, en agosto de 2024, LinkedIn habría introducido una configuración de privacidad que permitiría a los usuarios habilitar o deshabilitar el intercambio de sus datos personales. Posteriormente, el 18 de septiembre del mismo año, la compañía actualizó su política de privacidad, indicando que dichos datos podrían ser utilizados con fines de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Además, se señala que un documento de preguntas frecuentes vinculado a esta política especificaba que las exclusiones voluntarias por parte de los usuarios no tendrían efecto sobre los datos previamente utilizados para este propósito.
La parte demandante sostiene que estas acciones habrían generado un posible incumplimiento contractual, ya que la política original estipulaba que los datos personales de los usuarios solo serían utilizados para mejorar la plataforma. Asimismo, se argumenta que estas prácticas podrían infringir la Ley de Competencia Desleal de California y la Ley de Comunicaciones Almacenadas. Esta última protege la privacidad de las comunicaciones electrónicas almacenadas. En virtud de esta normativa, los demandantes solicitan una compensación de 1.000 dólares por usuario afectado, así como daños y perjuicios adicionales, cuya cantidad no ha sido especificada.
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