CIDH advierte afectaciones al acceso a la justicia tras aprobación de ley sobre delitos de lesa humanidad en Perú.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su grave preocupación por la aprobación de la «Ley que Precisa la Aplicación y Alcances del Delito de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en la Legislación Peruana» (Ley 32.017) y su impacto en el derecho humano de acceso a la justicia frente a graves violaciones de derechos humanos, como las cometidas durante el conflicto armado interno. En consecuencia, insta a su inmediata derogación y evitar su aplicación por parte de los órganos judiciales competentes.

El 9 de agosto de 2024, el Estado peruano promulgó la Ley 32.017 que limita las capacidades de investigación y enjuiciamiento de conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002.

La Ley 32.017 ha sido objeto de una intensa revisión por parte de diversos mecanismos de derecho internacional de los que el Perú es parte. En el marco del proceso de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y ante la solicitud de medidas provisionales por parte de la representación de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado que tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma en cuestión. Asimismo, en audiencia pública ante la CIDH sobre la materia, la Comisión resaltó la importancia de los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación como parte de la democracia, y el estrecho vínculo que existe entre posturas negacionistas y políticas regresivas y debilitantes del estado de derecho. Por su parte, mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas se pronunciaron señalando que la aprobación de dicha ley pondría a Perú en franca contravención de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.