Autoridades deben abordar problemas de salud mental de la población indígena con un enfoque intercultural, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida contra dos entidades educativas y de salud por vulnerar los derechos de una adolescente de un pueblo indígena que no fue debidamente atendida tras atentar contra su vida. Amparó el derecho fundamental a la salud e identidad cultural de la joven, pues en el caso las entidades involucradas no adoptaron un enfoque étnico para tratar su problema.

Una adolescente fue remitida por el hospital y el rector del colegio a un centro de salud mental de mayor complejidad, ubicado en otra ciudad, tras un segundo intento de suicidio, con el fin de proteger su derecho a la salud. El padre de la menor, perteneciente a una comunidad indígena, solicitó que se respetara el tratamiento tradicional previsto por su comunidad. No obstante, las autoridades escolares y locales procedieron con la remisión médica, desatendiendo dicha petición.

Posteriormente, el padre accionó sin éxito en sede judicial para que se acogiera su pretensión. El juez de instancia estimó que las autoridades actuaron con la finalidad de preservar la vida e integridad de la menor, quien en ese momento se encontraba en riesgo, a pesar de la negativa de traslado del padre. Para el juez, remitir a la menor a un centro de salud de mayor complejidad era la prioridad en esos momentos para preservar su vida y salud, que no podrían verse amenazadas con la remisión.