Tribunales por País · página 68

El actor cuestionó la legalidad de la transcripción de las conversaciones, argumentando que no había sido necesaria para los fines de la investigación. Una serie de supuestos defectos podrían haber sido examinados por los tribunales nacionales como parte de una acción de indemnización. Esa vía habría permitido a los tribunales nacionales abordar el fondo de la queja de los demandantes sobre la Convención.

La ley establece que las escuelas deben informar a los padres o tutores si un estudiante menor de edad comunica a un empleado de la escuela que su identidad de género es inconsistente con su sexo asignado al nacer, o si solicita ser referido por un pronombre o título que no corresponda con su sexo asignado.

Cuando el dictamen pericial aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél. Ante el importante valor probatorio de este tipo de pruebas sustentadas en principios técnicos, se ha establecido que las impugnaciones deben ser serias y fundadas.

Cuando del interés del menor se trata debería huirse de decisiones regladas o uniformes, porque no todos los delitos tienen la misma relevancia y alcance sobre la relación paterno o materno filial, sino que serán las concretas circunstancias del caso las que revelarán si en interés de la persona menor deben suspenderse de modo absoluto las relaciones con alguno de los progenitores.

Sería aconsejable que los familiares de las personas que requieren un cuidador puedan ser contratados por las entidades prestadoras de servicios de salud para suministrar ese servicio de manera remunerada, siempre y cuando esas entidades les garanticen un entrenamiento adecuado.

La normativa no impide que la investigación llevada a cabo por el detective incluya hechos sensibles que, aunque ocurran en el interior del domicilio, trasciendan de forma natural del mismo y puedan ser captados desde el exterior, sin necesidad de artificio alguno. No se puede declarar ilícita la prueba por el hecho de que el detective haya visto u oído algo que acontecía en un lugar del domicilio que era fácilmente visible desde el exterior.

Recientemente, la Corte Interamericana publicó su sentencia en un caso en el que decidió acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de la sustracción y restitución internacional de menores.

El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.

El pluralismo y la democracia deben basarse en el diálogo y en un espíritu de avenencia, lo que entraña necesariamente diversas concesiones por parte de los individuos que están justificadas para mantener y promover los ideales y valores de una sociedad democrática.

La conducta desarrollada por el actor no puede enmarcarse dentro del ámbito de la libertad de expresión que todos pueden ejercer según la Constitución, ya que desarrolló en el correo electrónico no cuestionado un discurso relativo al colectivo homosexual que tendía a difamar públicamente a un grupo de personas por razón de su orientación sexual.

La normativa aplicable contiene dos exigencias expresas que no han sido respetadas. La primera es que la recepción de la factura en papel es considerada un derecho incondicionado del usuario. Y, en segundo lugar, que la renuncia ha dicho derecho no solo ha de ser expresa, sino que ha de manifestarse mediante un procedimiento directamente contemplado en la propia ley.

Es evidente que los trazos o signos que inserte en un papel una persona analfabeta –(quien siquiera sabe dibujar su nombre) conforme surge de los antecedentes examinados- no configuran una “firma” en el sentido indicado, por lo cual tales signos o trazos hechos en el papel no implican una manifestación de voluntad.

La no aportación de dichos documentos, a lo que está obligada legalmente la entidad bancaria, solo a ella le puede perjudicar ya que por el criterio de facilidad probatoria debía haberlo proporcionado cuando se le solicitó durante el procedimiento.

Se trata de evitar la posible confluencia en el funcionario de intereses públicos y privados que puedan, directa o indirectamente, incidir en el ejercicio de sus funciones. No requiere el tipo penal que el funcionario se haya dejado influir en su actividad pública por intereses privados, sino únicamente que ello pueda ser posible atendida la duplicidad, pública y privada, de la actividad profesional que desempeña.

Cuestionan la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 27.573, que regula las vacunas contra el COVID-19 en Argentina. En este sentido, impugnan su artículo 2 (que autoriza la prórroga de jurisdicción) y 4 (que establece la cláusula de indemnidad patrimonial a favor de los laboratorios).

No parece que la medida preventiva adoptada hubiera sido el resultado de una evaluación individual y detallada de su comportamiento o de sus acciones que hubiera permitido fundamentar el riesgo de que pudiera contribuir a los disturbios temidos por las autoridades. Además, el examen judicial de la medida adoptada contra el demandante no fue acompañado de garantías procesales adecuadas.

¿Por qué la sentencia de la Corte IDH sobre el caso La Oroya vs. Perú es un caso hito en el Sistema Interamericano y en la protección del medio ambiente?

Dictaminó que el derecho constitucional al debido proceso varía según las circunstancias. A diferencia de los bienes inmuebles, que no pueden ser confiscados sin una audiencia previa, los bienes personales, como los vehículos, pueden ser ocultados antes de una audiencia. En consecuencia, cuando la policía confisca un automóvil, el propietario tiene derecho a una audiencia oportuna después de la confiscación, pero no a una audiencia inmediata.

El dictamen no deviene necesariamente vinculante para el juez, pues este tiene amplia facultad para apreciarlo dentro de las pautas normativas, esto es, la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción de la causa.

Determinó que las disposiciones violaban el artículo 14 del Convenio, en conjunción con el artículo 8, que protege el derecho a la privacidad y a la vida familiar. El artículo 14 establece que los derechos deben garantizarse sin discriminación por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, asociación con una minoría nacional, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición.

Avanza en Perú reforma a ley que regula la objeción de conciencia ¿Qué oportunidades y alertas surgen de esta iniciativa?

El bilingüismo judicial institucional garantiza la igualdad de acceso a los tribunales para los miembros de las comunidades lingüísticas de Canadá a través de diversas garantías legales, incluidas las establecidas en el art. 530 del Código Penal, promulgado para promover la igualdad de estatus o uso del inglés y el francés.

No resulta procedente el dictado de una medida cautelar cuya finalidad tiende a obstar a otras personas el ejercicio de los derechos que entienden les corresponden. En efecto, con la medida perseguida se estaría impidiendo a la demandada accionar y ejercer sus derechos.

Según la enmienda propuesta, si un perpetrador busca recuperar la responsabilidad parental, deberá demostrar ante un juez de familia que esta medida es lo mejor para el bienestar del niño. Esta disposición busca garantizar un proceso judicial justo y equitativo en la toma de decisiones que afectan a la crianza y el cuidado de los hijos de los perpetradores.

Existe un vacío jurídico en materia de gestación subrogada en Colombia, lo que impacta en el que hacer de las autoridades involucradas, sobre todo, cuando se enfrentan a tener que determinar con certeza cuándo la extracción internacional de los niños es regular o irregular. Por ello, se estima necesario propender por una intervención integral que le permita a las instituciones estar al tanto de cómo operan estos procedimientos.

La ley define los delitos de odio como aquellos actos delictivos que están motivados por prejuicios o intolerancia hacia una o más características de la víctima, según lo enumerado en la legislación. Además, prohíbe los delitos contra la asociación o el apoyo de una persona con tales características.

El apelante presenció la extracción de muestras, suscribió y recibió un juego de sobres, es decir participó de todo el procedimiento para la extracción de muestras, por lo que en esta instancia no puede desconocer planteando su mera disconformidad.

Es cierto que se siguen actuaciones penales por esa presentación del documento modificado al cliente con respecto del previamente emitido por la subcontratada para realizar la operación requerida, pero en la propia sentencia se descarta que la demandante actuase de propia mano, pues lo hizo a requerimiento de sus superiores uno era el gerente al que debía ser soporte en su actividad ordinaria.

La cancelación del Premio Nacional de esta disciplina por parte del Ministerio de Cultura ha avivado de nuevo la controversia.

Si bien se tuvo por incontestada la demandada, ello no autoriza a deducir la verosimilitud de aspectos eminentemente médicos, tales como la existencia de incapacidad en el trabajador o el diagnóstico de la enfermedad que lo aqueja, los que requieren reposar en un criterio de verdad jurídica objetiva.