Tribunal Constitucional · página 37

La requirente no ha logrado explicar de qué manera en su caso concreto –una acción de tutela de derechos fundamentales ante la judicatura laboral− la norma produciría efectos inconstitucionales.

El requirente impugnó el artículo 97 del COT, que establece que las sentencias de la Corte Suprema no son susceptibles de recurso alguno. Sostuvo que la norma legal objetada infringe la igual protección en el ejercicio de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, entre otras garantías, al no permitírsele recurrir en contra del fallo de una sala del máximo Tribunal.

La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que el recurso de casación es el único medio por el cual se persigue la correcta aplicación de la ley en los fallos de los tribunales inferiores.

El requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, el principio de seguridad jurídica y el derecho a ejercer una acción penal.

El requirente alega infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que a diferencia de la denunciante no se le permite acompañar o solicitar prueba después de los cinco días desde que fue notificado del sumario y debe hacerlo en el escrito de descargos.

Es el sentenciador de fondo quien deberá resolver la controversia y hacer las distinciones que estime pertinentes, entre las que se encuentra el carácter público de la demandada, pero también la categoría de los derechos demandados sin que sea esta magistratura la que deba zanjar el conflicto al calificar de inconstitucionales normas que, por el contrario, ha reafirmado en su razonabilidad y constitucionalidad, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.

Son las instituciones previsionales las encargadas de perseguir el pago. El trabajador es un tercero. Por ello, aunque se estimara que la dilación del proceso es imputable a una falta de diligencia de la A.F.P, mal podría esa negligencia traducirse en una declaración de abandono que tiene por objeto pagar las cotizaciones previsionales que se adeudan al trabajador, pues con ello se estaría incumpliendo el principio de protección (art. 19 N°16).

La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, porque priva a Codelco del derecho a apelar contra la resolución lo obliga reincorporar a un trabajador.

La requirente alega que no fue debidamente emplazado y al no permitírsele contestar la demanda se infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso.

No parece coherente que si una persona puede reclamar ante los tribunales contra la decisión del CPLT que confirma la denegación que hizo el órgano de la Administración, no pueda hacerlo el órgano administrativo. Afecta el debido proceso en tanto no existe una vía judicial abierta. La decisión del Consejo se resuelve en “única instancia”. No puede acudir a un tercero independiente e imparcial. (Voto por acoger).

El precepto no entrega criterios para la determinación de la conducta; no establece un procedimiento para tal determinación; no exige deberes de fundamentación; no sujeta la decisión a ningún tipo de control, y la regulación a través de Auto Acordados de la Corte Suprema es insuficiente. Cuando el constituyente encarga al legislador la regulación de un determinado derecho fundamental, no puede delegar por completo tal función a otro órgano para que lo haga de forma enteramente discrecional.

Al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino además da vigencia a la protección al trabajador.

Excluir el testimonio de personas que han tenido una participación determinante en los hechos puede tener una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de falta de imparcialidad, es un criterio anacrónico y carente de la razonabilidad necesaria para sustentar una restricción que pugna abiertamente con un justo y racional juzgamiento (voto en contra).

El delito de contrabando se encuentra en una norma de rango legal que describe la conducta de una forma tal que no genera confusión o incertidumbre, siendo respetuosa tanto con el principio de legalidad como con el principio de tipicidad, toda vez que permite que los ciudadanos conozcan el alcance de la amenaza penal y, sobre todo, que sepan cuál es el ámbito de las conductas prohibidas.

La creación de la Comisión es una facultad con la que cuenta el Poder Ejecutivo ante la necesidad de elaborar o reformar una política pública, adoptar una decisión relevante, o acometer un proyecto de interés social que exige consultar formalmente del consejo previo de expertos mediante la constitución de un colegio asesor, indica el informe que evacuó el Contralor General de la República.

Si bien el requerimiento plantea un conflicto de constitucionalidad, carece de fundamentación razonable, por lo que la suspensión del procedimiento de remoción en contra de Krist Naranjo, Gobernadora de la región de Coquimbo, queda sin efecto.

La justicia militar tiene un diseño constitucional específico y con una impronta funcional al mundo militar y a su ámbito de aplicación. El procedimiento penal militar tiene reconocimiento constitucional modalidad de justicia especial

La situación económica de quien requiere no es un enfoque de caso concreto, ya que una valoración de este tipo escapa al razonamiento que exige la inaplicabilidad −siempre de carácter jurídico− en torno a que de la aplicación de una norma legal en una determinada gestión pendiente pueda colegirse la producción de efectos inconstitucionales.

El requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, ya que en atención a la irreprochable conducta anterior que posee, las penas que arriesga se encuentran enmarcadas dentro de los presupuestos fácticos para acceder a una pena sustitutiva.

Es al Juez de Policía Local al que compete conocer de denuncias por contravención o falta, tratadas en el artículo 3º de la Ley Nº 18.287, que está facultado para resolver de inmediato, si estima que no hubiere necesidad de practicar diligencias probatorias en un procedimiento que difiere fundamentalmente del judicial típico, caracterizado por la exigencia de recepción de la prueba.

La expulsión no es un derecho del extranjero, pues se trata de una medida soberana y unilateral del Estado que, en principio, no atiende al consentimiento del extranjero.

El requirente no ha alegado que esté impedido de ejercer su derecho en los términos concedidos por la autoridad, sino la imposibilidad de ejercerlos allí donde sólo tiene una mera expectativa. Lejos de haber aquí la pretendida imposibilidad, estamos más bien ante un reconocimiento explícito de que no se hace uso de las aguas en los términos a que se tiene derecho, encontrándose en el supuesto de hecho afecto al pago de patente.

La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia.

La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, como así también va en contra de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El requerimiento adolece de una serie de defectos que conducen a su rechazo. En cuanto a la impugnación al artículo 768, inciso antepenúltimo, del Código de Procedimiento Civil, se debe tener en consideración que la gestión pendiente se tramita según el procedimiento ordinario ante los juzgados de familia que regula la Ley N° 19.628, por lo que nos encontramos ante un asunto con una regulación específica.

El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto de ley en la medida que regulen una materia propia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 38 bis de la Carta Fundamental.

También se impugnó la norma que faculta al juez de policía local sancionar con multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, cualquier infracción a las disposiciones de la LGUC, a su ordenanza general y a los instrumentos de planificación territorial. La requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad.

El requirente alegó que por no acompañar el receptor judicial la transcripción de la declaración de los testigos dentro del plazo de 10 días, previo apercibimiento se la tuvo por desistida la prueba testimonial, lo que vulnera el debido proceso, la defensa jurídica, la igualdad de armas, entre otras garantías.

No puede ser racional y justo un proceso iniciado más de dos años después de la muerte del mandante, sin que éste haya expresado específicamente su voluntad en ese sentido. Ello infringe el debido proceso y no existen los presupuestos procesales para iniciar una demanda.