La amenaza del “Gran Marruecos”. Cómo la guerra híbrida, el chantaje migratorio y la ocupación ilegal ponen en jaque al Derecho Internacional

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha elaborado una sólida jurisprudencia orientada a garantizar que el Derecho comunitario no sirva como mecanismo de legitimación indirecta de una anexión ilegal. A través de resoluciones históricas —destacando los fallos de la Gran Sala del 4 de octubre de 2024, así como los precedentes de 2016 y 2018 en materia comercial y pesquera—, el TJUE ha sentado las siguientes bases jurídicas indiscutibles:

• El Sáhara Occidental posee un estatus jurídico independiente y diferente respecto del territorio del Reino de Marruecos.

• Conforme al principio “ pacta tertiis nec nocent nec prosunt ”, Marruecos y la UE no pueden celebrar acuerdos internacionales que afecten o exploten los recursos naturales de un tercer territorio sin el consentimiento formal, explícito y libre del titular de la soberanía originaria: el pueblo saharaui.

• Finalmente, el Tribunal ha aclarado que las consultas realizadas por Marruecos a la población asentada bajo su control administrativo no sustituyen el consentimiento imperativo del pueblo saharaui, sujeto titular del derecho a la autodeterminación como norma imperativa de ius cogens .

IV. La doctrina del “ Gran Marruecos ” y la amenaza a la integridad territorial de Argelia, Mauritania y España.

El comportamiento marroquí en el Magreb responde a una matriz ideológica de largo alcance, la doctrina conocida como el “Gran Marruecos”, formulada en el proceso de descolonización por Allal al-Fassi y el partido Istiqlal. Esta construcción teórica reclamaba bajo la soberanía alauí un espacio desmesurado que abarcaba la totalidad del Sáhara Occidental, la República Islámica de Mauritania, vastas regiones del oeste de Argelia (especialmente Tinduf y Béchar) e incluso zonas del norte de Malí.

Dicha aspiración expansiva ha marcado históricamente la geopolítica del Norte de África. Respecto de Argelia, condujo al conflicto bélico de 1963, sembrando una desconfianza estructural que perdura hasta el presente bajo la noción del “Sáhara Oriental”. En relación con Mauritania, Rabat obstaculizó el reconocimiento internacional de su independencia e intentó bloquear su ingreso en las Naciones Unidas durante sus primeros años de existencia estatal.

Aunque la retórica del “Gran Marruecos” se atenúe en las declaraciones diplomáticas cotidianas, su sustrato permanece activo en la política exterior de Rabat como un impulso irredentista que desestabiliza la seguridad regional y somete a Argelia y Mauritania a una amenaza latente sobre sus fronteras internacionales. Este expansionismo constituye, del mismo modo, una amenaza directa y multidimensional para la soberanía nacional e integridad territorial de España.

En este escenario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —territorios plenamente españoles integrados en el orden constitucional e incardinados en la UE como sus únicas fronteras terrestres en África— son reductos codiciados por la política imperial marroquí, habiendo sido reclamados abiertamente por sus autoridades en gestiones ante terceros Estados. A diferencia del Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla jamás han figurado en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU, por lo que no forman parte de ningún proceso de descolonización. Sin embargo, Marruecos insiste en catalogarlas como “residuos coloniales”, aplicando sobre ellas una estrategia de ahogamiento económico —como el cierre unilateral de aduanas comerciales— y de presión migratoria intermitente para erosionar la presencia española a largo plazo.

Esta amenaza se extiende asimismo hacia las Islas Canarias. Aunque protegidas por la Constitución Española y la estructura defensiva de la OTAN, su contigüidad geográfica con la costa saharaui las sitúa en una posición vulnerable. La consolidación de la anexión ilegal del Sáhara Occidental habilitaría a Marruecos a reactivar reclamos cartográficos y de demarcación de espacios marítimos, tales como la Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental frente al archipiélago. Como han advertido líderes del Frente Polisario y analistas de seguridad, la tolerancia internacional ante la ocupación del Sáhara desplaza paulatinamente el vector de presión marroquí hacia las aguas atlánticas canarias, bajo la misma lógica irredentista que inspiró la “Marcha Verde” de 1975.

V. La necesidad de una respuesta firme en el marco del Derecho Internacional.

De esta forma, un análisis articulado de la ocupación del Sáhara Occidental, la crisis migratoria en Ceuta, la presión sobre Melilla y Canarias, y el escándalo de injerencia del “Marocgate” nos permite reconocer de forma clara la estrategia de conflicto híbrido orquestada desde Rabat en perjuicio de los pueblos español, saharaui, argelino, mauritano y maliense. Marruecos ha optado por un modelo de actuación que, eludiendo por ahora la confrontación militar abierta, quebranta de forma continuada los principios cardinales del Derecho Internacional Público: el derecho a la autodeterminación, el principio de no injerencia, la inviolabilidad de las fronteras soberanas y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales.

Frente a esta dinámica de hechos consumados y coacción coordinada, España y la Unión Europea no pueden incurrir en la debilidad de la concesión sistemática. La estabilidad de la fachada atlántico-magrebí no se logrará sacrificando el marco de la descolonización ni cediendo ante la instrumentalización de seres humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla.

La preservación de la seguridad estratégica y de la integridad territorial exige redefinir la relación bilateral sobre la base de tres pilares de firmeza jurídica:

1.- Exigir el respeto estricto a las sentencias del TJUE y a la jurisprudencia de la CIJ, condicionando cualquier relación preferente con Marruecos al pleno acatamiento de la legalidad internacional respecto del Sáhara Occidental.

2.- Reforzar la inviolabilidad de Ceuta y Melilla como fronteras innegociables de España y de la Unión Europea, anulando la eficacia de la “palanca migratoria” y promoviendo acercamientos económicos, militares y diplomáticos con Argelia y Mauritania.

3.- Blindar la soberanía del espacio marítimo de las Islas Canarias ante cualquier pretensión expansionista unilateral sobre sus recursos y jurisdicción.

Finalmente, para un país como Chile, resulta fundamental mantener una conducta coherente y clara, que además deberá estar fundada en su histórica tradición de respeto irrestricto al Derecho Internacional Público. Por esto, Chile debe sumarse a los esfuerzos de condena internacional frente a las acciones del Reino de Marruecos y colaborar con la realización del plebiscito pendiente para que el pueblo saharaui decida libremente su destino, tal como lo mandatan las Naciones Unidas.

Esto debido a que permitir que la fuerza y el irredentismo expansionista sin sustento legal se conviertan en mecanismos viables para los proyectos imperiales de cualquier Estado conlleva necesariamente a invalidar el orden normativo global. A largo plazo, validar la “ley de la selva” en las relaciones internacionales expone a naciones como Chile a graves vulnerabilidades de seguridad ante vecinos históricamente hostiles, enviando la señal de que el Derecho Internacional ha sido sustituido por la imposición unilateral.