Chicago y Berkeley: dos formas de regular la IA en la facultad de derecho

Este mes, la facultad de derecho de la Universidad de Chicago publicó un memo con su estrategia para adaptar la enseñanza a la era de la IA. Unas semanas antes había entrado en vigencia la política de inteligencia artificial de Berkeley Law, incorporada a su reglamento académico. Los dos documentos parten de un diagnóstico parecido y llegan a soluciones muy distintas, así que leerlos en paralelo sirve para ver el rango de opciones que hoy tiene una facultad de derecho.

El punto de partida común

Las dos Facultades coinciden en lo esencial. Sus egresados van a trabajar en un mercado que les exigirá usar IA, perola tecnología actual solo es útil en manos de alguien capaz de dirigirla con criterio y de evaluar lo que produce.

Chicago lo plantea como una doble obligación: enseñar a pensar de forma crítica e independiente sin IA, y a la vez preparar a los alumnos para usarla bien cuando egresen. Berkeley lo condensa en una frase de su política: pensar sigue siendo el sine qua non de la buena abogacía.

A partir de ese acuerdo, cada una eligió un camino diferente.

Chicago: cambiar el diseño de los cursos

Chicago no escribió una prohibición general. Su estrategia se apoya en lo que llaman pedagogía «resistente a la IA»: clases y evaluaciones diseñadas para que delegar el trabajo en una máquina rinda poco. No se trata de bloquear todo uso, de hecho, la propia facultad acepta usos que aumentan el esfuerzo del alumno, como pedirle a la IA que aclare un concepto antes de la lectura o que genere ejercicios de práctica. Lo que quieren cerrar son los atajos.

Las medidas concretas, que parten como piloto en el año académico 2026-2027:

• En los ramos obligatorios de primer año quedan prohibidos laptops, tablets y celulares en clase, con excepciones acotadas, y los exámenes serán presenciales, sin internet, archivos ni aplicaciones.

• En el curso de investigación y escritura legal de primer año la base sigue siendo escribir sin IA, y sobre eso se agrega su uso para investigar, revisar y mejorar borradores. Alumno e instructor revisan juntos el texto y también el uso que se le dio a la herramienta.

• El paper de investigación exigido para los estudiantes suma una defensa oral presencial ante el profesor supervisor, con preguntas sobre el razonamiento y las implicancias del trabajo.

• Las clínicas jurídicas pasan a ser el espacio principal para el uso supervisado: la escuela está adquiriendo herramientas legales de IA y cada clínica fijará su propia política, con resguardos contra errores en escritos judiciales.

El razonamiento de fondo es simple: si la evaluación ocurre en una sala, en tiempo real y frente a alguien que puede repreguntar, apoyarse en la IA deja de ser un atajo útil, sin necesidad de andar persiguiendo a nadie.

Berkeley: escribir una regla

Berkeley tomó el camino normativo. Su política es una regla académica, con conductas prohibidas, excepciones y presunciones.

La regla por defecto prohíbe usar IA para conceptualizar, esquematizar, redactar, revisar, traducir o editar cualquier trabajo entregado para nota. Prohíbe todo uso de IA, para cualquier fin, en cualquier examen. Prohíbe además subir materiales del curso (tareas, lecturas, slides, grabaciones de clase) a sistemas de IA generativa. El único uso permitido es en la investigación para papers, y solo para identificar fuentes: fallos, leyes, doctrina. El estudiante responde por la exactitud de esa investigación y por todo lo que entrega.

La propia política enumera ejemplos de infracción: pedirle a la IA una lluvia de ideas para la tesis, una propuesta de estructura, un párrafo que resuma una regla jurídica, que detecte pasajes repetitivos o que corrija la gramática. Todo eso queda prohibido.

Hay dos detalles que definen el carácter de la norma. Primero, las citas a fuentes inexistentes generan una presunción de uso prohibido de IA, la alucinación se convierte en indicio de infracción, lo que resuelve en parte el problema de la fiscalización, aunque solo atrapa al infractor descuidado. Segundo, la prohibición de traducir: la justificación es que los estudiantes desarrollen su propia fluidez en inglés jurídico, pero el costo recae sobre todo en los alumnos internacionales de los programas LL.M.

Los profesores pueden apartarse de la regla por defecto, sea en cursos diseñados para enseñar fluidez en IA o cuando estimen apropiada una regla distinta, pero deben hacerlo por escrito, con aviso previo, y exigir que los alumnos declaren el uso autorizado. Si un estudiante duda de si algo está permitido, debe preguntar y recibir la aclaración por escrito antes de usar la herramienta.

La comparación

La diferencia central está en el instrumento. Chicago cambia la arquitectura de la evaluación y espera que la conducta se ajuste sola; Berkeley cambia la norma y espera que la evaluación resista. Cada modelo tiene una debilidad conocida.

El de Chicago es caro: las defensas orales y el feedback individual consumen horas de profesor que no todas las facultades tienen.

El de Berkeley depende de una línea difícil de vigilar, porque la frontera entre usar IA para entender y usarla para producir se cruza fácil y sin testigos.

Queda, además, un problema que ninguna resuelve del todo: el estudiante sale a su práctica de verano a un estudio donde le van a exigir usar justo lo que la facultad le prohibió durante el semestre. Chicago al menos lo reconoce de manera explícita, y esa es la razón por la que integra la IA en su curso de escritura legal de primer año.

Conclusiones para las facultades de la región

Para una facultad chilena o latinoamericana que esté discutiendo el tema, el ejercicio comparado deja varias conclusiones prácticas:

• Definir primero el instrumento. Rediseñar la evaluación y redactar una norma son proyectos distintos, con costos distintos. Mezclarlos sin decidirlo produce reglamentos que nadie aplica.

• Blindar la evaluación sale más barato que vigilar el proceso. Un examen presencial cerrado o una defensa oral eliminan el problema en lugar de perseguirlo.

• Alguien tiene que enseñar el uso supervisado de estas herramientas. Si nadie lo hace, el estudiante aprende solo y sin criterio. Las clínicas son el espacio natural para eso.

• Exigir transparencia docente desde ya: que cada profesor explicite su política de IA en el programa del curso, como obliga Chicago. Es la medida más barata de todas las descritas.

• Asumir que cualquier política quedará obsoleta pronto. Chicago lo dice expresamente: ninguna estrategia de IA puede ser definitiva, y todo queda sujeto a revisión.

Las dos escuelas rechazan las mismas salidas fáciles: dejar entrar la IA sin más, o prohibirla y seguir enseñando igual que antes. En el fondo intentan proteger lo mismo: que el título acredite a alguien capaz de razonar por su cuenta y de responder por lo que firma.

Mi opinión: ni Chicago ni Berkeley

Después de leer ambos documentos, mi conclusión es incómoda: ninguno de los dos modelos sirve para Chile tal como está escrito. No porque estén mal pensados, sino porque presuponen condiciones que acá no existen.

El modelo de Chicago exige profesores de dedicación completa, secciones pequeñas y muchas horas de retroalimentación individual. La mayoría de las facultades chilenas funciona con cursos masivos y con profesores que litigan en la mañana y enseñan en la tarde, sin tiempo para defensas orales individuales ni para revisar borradores junto al alumno. El de Berkeley presupone una capacidad de fiscalización y una cultura de cumplimiento que tampoco tenemos: en facultades donde el reglamento de plagio ya se aplica de manera dispareja, un catálogo detallado de prohibiciones de IA nacería como letra muerta. Y una regla que no se puede fiscalizar es peor que ninguna, porque termina castigando únicamente al estudiante que la respeta.

Ahí está, para mí, el problema de equidad central. La prohibición total suena exigente, pero en la práctica es regresiva dos veces: sanciona al que cumple mientras el resto usa la herramienta sin ser detectado, y olvida que las mejores versiones de estos sistemas son pagadas, de modo que el acceso tampoco es parejo.

Personalmente, prefiero pocas reglas, simples y fiscalizables, antes que muchas reglas bien redactadas que nadie hace cumplir. Cualquier estándar común debe asumir, además, la enorme desigualdad entre facultades chilenas: lo que una escuela tradicional puede implementar el próximo semestre es inviable para una universidad masiva, así que el instrumento tiene que definirse casa por casa, con un piso mínimo compartido de transparencia hacia los estudiantes.

Chile tiene, eso sí, una ventaja estructural que ninguna de las dos escuelas menciona porque no la posee: la tradición oral. El examen de grado, los exámenes orales de cátedra y la interrogación en clases son exactamente el tipo de evaluación resistente a la IA que Chicago intenta reconstruir con memos y pilotos. Nosotros ya la tenemos, y la hemos ido abandonando por costosa y por azarosa justo cuando se volvió más valiosa que nunca. Recuperarla y profesionalizarla, con pautas claras y menos lotería, me parece el primer paso, y no exige importar nada, solo tomarse en serio lo que ya sabemos hacer.

Sobre el mercado, la brecha chilena es más ancha que la estadounidense. Los estudios grandes de Santiago ya están incorporando herramientas de IA legal, mientras la mayoría de los egresados va a ejercer solo, en oficinas pequeñas o en el sector público, sin nadie que le enseñe a usarlas ni a desconfiar de ellas. Si las facultades se limitan a prohibir, ese aprendizaje va a ocurrir de todas formas, pero tarde, sin supervisión y frente a un cliente real. Por eso el uso supervisado no es un lujo de Facultades ricas: es la única forma de que el error ocurra en la clínica y no en el tribunal.

Hay un ángulo que ninguno de los dos documentos desarrolla y que se está trabajando en facultades en Chile: el uso institucional de la IA. Toda la discusión gira en torno a lo que el estudiante puede o no hacer con la herramienta, y casi nada se dice de lo que la propia escuela puede hacer con ella. Nosotros la estamos viendo en tres frentes: a) para construir más evaluaciones y más variadas, de modo que evaluar seguido no dependa de horas docentes que no tenemos; b) para revisar el estudio de los alumnos y devolverles retroalimentación sobre su preparación antes de la prueba, no después; y c) para construir herramientas de IA propias de uso supervisado, donde el alumno practica con la tecnología dentro de un marco que la facultad define y observa. Es, además, la respuesta a la objeción de costos que le hice al modelo de Chicago: la misma tecnología que crea el problema puede abaratar la solución, y si el cuello de botella son las horas de profesor, la IA institucional es una forma de multiplicarlas.

Mi propuesta, en concreto: evaluación presencial y oral como columna vertebral, apoyada en una tradición que ya existe; reglas de uso mínimas, claras y fiscalizables, en lugar de catálogos de prohibiciones; un espacio obligatorio de uso supervisado de IA en clínicas o talleres, aunque parta modesto; y una facultad que también use la IA para sí misma, en vez de limitarse a regular la de sus alumnos. Ni el rediseño integral de Chicago, que no podemos pagar, ni la prohibición de Berkeley, que no podemos fiscalizar. Algo más simple, construido sobre lo que las facultades chilenas ya saben hacer.

Fuentes

• University of Chicago Law School, Rethinking Legal Education in the AI Era (9 de julio de 2026): uchicago.edu/news/ai-strategy-statement

• UC Berkeley Law, Artificial Intelligence Policy (vigente desde mediados de 2026): berkeley.edu/academics/registrar/academic-rules/artificial-intelligence-policy

• Expansiel Legal Experience – https://www.expansiel.com/legal