Laboral · página 28

Las medidas adoptadas por la empleadora no fueron suficientes para proteger eficazmente la vida y salud de la actora.

La recurrente pretendía la unificación del criterio de aplicación de los artículos 13 y 52 de la Ley Nº19.728.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en los jueces del fondo que concluyeron que no es procedente descontar de la indemnización por años de servicio, el monto aportado por el empleador a la cuenta individual de cesantía del trabajador.

El arbitrio se dedujo por CMPC Maderas S.A.

El Tribunal estableció que la demandada Cines e Inversiones Cineplex Limitada, no justificó la causal de necesidades de la empresa esgrimida en la carta de despido del trabajador.

El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de la demandada vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora al iniciar un proceso paulatino de detrimento de las condiciones laborales en forma paralela al embarazo de la demandante.

El tribunal no está facultado para tener por desistida una demanda notificada, si esa petición no se ha formulado concreta y expresamente.

La remuneración es un elemento de la esencia del contrato de trabajo.

El tribunal de Alzada había resuelto aplicar la sanción desde que la sentencia quede en estado de firme.

La desvinculación se produjo por un comentario realizado por el actor en la red social Facebook.

El tribunal concluye que el proceso de negoción colectiva no se encontraba vigente a la fecha del despido.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio, tras establecer que la decisión impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, no se pronuncia sobre alguna materia de derecho susceptible de contraste.

El tribunal de Alzada había acogido la impugnación deducida por la Clínica Universidad Católica del Maule.

La acción se intentó en contra del Hospital San Pablo de Coquimbo.

Los actores ejercieron abusivamente la facultad de contratar y administrar los seguros colectivos de vida y accidente personales, delegada en el Sindicato.

La relación contractual de los actores se regía por el Estatuto de Atención Primaria de Salud.

La doctrina y la jurisprudencia están contestes que el grado de diligencia o cuidado que debe utilizar el empleador para cumplir su obligación de seguridad es el máximo, luego por aplicación del artículo 1547 del Código Civil, el empleador responderá de la culpa levísima.

El Tribunal estableció que la denunciada incurrió en conductas contrarias a la libertad sindical al modificar unilateralmente la jornada laboral y la remuneración mensual que percibe el secretario de la organización gremial.

La sentencia recurrida contenía la posición jurisprudencial adecuada.

Las acciones de ejercieron en contra de la Municipalidad de Maipú.

La actora prestaba servicios para la Subsecretaría de Economía y Empresa de Menor Tamaño, dependiente del Ministerio de Economía.

El máximo Tribunal desestimo el arbitrio intentado, tras constatar que el recurrente no aportó sentencias de contraste con la materia que buscaba unificar.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio especial, tras constatar que la sentencia de contraste acompañada por la recurrente se refiere a una materia diversa a la que se pretende unificar.

El actor no logró acreditar la procedencia de la gratificación legal pactada con la demandada.

Las actoras ejercieron conjuntamente ambas acciones.

La reclamante fue sancionada con dos multas ascendentes a 140 UTM.

La demandada arrastra deudas previsionales y una serie de gestiones judiciales de embargo.

La demandada no acreditó los hechos en que fundó la causal del despido invocada.

El actor se vio obligado a contarle a su madre sobre su orientación sexual, a raíz de las burlas recibidas en su lugar de trabajo.

La demanda se interpuso en contra de Servicios y Asesorías U Virtual S.A., en calidad de demandada principal, y de Educación Universitaria No Presencial S.A. y Corporación Red Universitaria Nacional (REUNA), en calidad de demandadas solidarias.