Tribunal Constitucional de España.

Autoridad administrativa vulneró derechos de mujer extranjera al imponerle arbitrariamente la pena de expulsión y no la de multa, en contravención a la normativa europea.

El derecho a la legalidad sancionadora implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Este precepto, incorpora la regla nullum crimen, nulla poena sine lege, y la extiende al ordenamiento administrativo sancionador.