Requieren al TC inaplicar norma que fija prescripción de seis meses para subsidio por incapacidad laboral

Se interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 155, inciso segundo, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

La referida disposición legal establecer un plazo de prescripción de seis meses para solicitar el subsidio por incapacidad laboral.

La gestión pendiente en que incide la acción de inaplicabilidad corresponde a un juicio ordinario de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios tramitado ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

En dicha causa, la demandada —ISAPRE Colmena Golden Cross S.A.— funda una parte sustancial de su defensa en la aplicación del artículo 155 inciso segundo del DFL N° 1/2005, sosteniendo que cualquier derecho a reliquidación, revisión o reclamación judicial de subsidios por incapacidad laboral se encuentra prescrito, al haber transcurrido el plazo de seis meses desde el término de las licencias médicas maternales.

En este contexto, la requirente afirma que la norma impugnada incide de manera directa, actual y decisiva en la resolución del fondo del juicio, ya que su aplicación impediría al tribunal pronunciarse sobre la corrección del cálculo de los subsidios y sobre los perjuicios reclamados, produciendo, en la práctica, la extinción total de la acción.

Desde el punto de vista constitucional, la requirente sostiene que la aplicación del precepto legal en la gestión pendiente vulnera diversas garantías fundamentales.

En primer lugar, invoca la afectación del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (art.19 N° 1), al imponer una consecuencia extintiva particularmente gravosa a una persona que, por encontrarse en situación de enfermedad, incapacidad laboral, puerperio y fragilidad emocional, no se encontraba en condiciones materiales ni psíquicas de ejercer oportunamente sus derechos. En este sentido, la pérdida del subsidio o la imposibilidad de su correcta reliquidación impactaría directamente en su integridad, al privarla de recursos necesarios para su recuperación.

Asimismo, denuncia la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art.19 N° 2) y del derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (art.19 N° 3), al establecer el precepto legal objetado una limitación desproporcionada al acceso a mecanismos efectivos de reclamación y tutela judicial.

También se alega la infracción del derecho a la protección de la salud (art.19 N° 9), en cuanto el subsidio constituye un instrumento esencial para el acceso a prestaciones de salud, de modo que su pérdida restringe la posibilidad de recuperación.

Además, se invoca la vulneración del derecho de propiedad (art.19 N° 24) y del derecho a la seguridad social (art.19 N° 18), junto con la incompatibilidad de la norma impugnada con los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 inciso segundo de la Constitución.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento y resolver si confiere traslado a las partes de la gestión pendiente por el plazo de diez días para que formulen observaciones. En caso de declararse admisible, corresponderá posteriormente al Pleno del Tribunal emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea texto requerimiento y expediente Rol N°17496-26.