Norma que permite tachar a testigos por ser dependientes de la parte que los presenta, se impugna ante el TC

Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional respecto del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, disposición que permite tachar a testigos que sean dependientes de la parte que los presenta. La requirente sostiene que la aplicación de esta norma en su caso concreto vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile.

La acción se origina en una gestión judicial actualmente en tramitación ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, correspondiente a un juicio ejecutivo.

La requirente sostiene que el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil resulta inconstitucional en la medida en que permite excluir a un testigo clave para su defensa por el solo hecho de ser dependiente de la empresa, privándola de un medio probatorio que considera esencial e insustituible para acreditar sus alegaciones.

Según el requerimiento, esta disposición vulnera los artículos 19 N°2, relativo a la igualdad ante la ley; 19 N°3, que garantiza el debido proceso; y el artículo 5 inciso segundo de la Constitución, que reconoce el deber del Estado de respetar los derechos fundamentales garantizados tanto por la Carta Fundamental como por los tratados internacionales ratificados por Chile.

En el caso concreto, la requirente presentó como testigo a una persona que, en su calidad de Procurement Manager, posee conocimiento directo y privilegiado de los hechos vinculados con la emisión de las facturas cuyo cobro se persigue en el juicio ejecutivo. Sin embargo, la contraparte formuló tacha en su contra, invocando el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de un trabajador dependiente de la empresa requirente.

La requirente sostiene que el testimonio de dicho testigo resulta decisivo e insustituible, pues permitiría acreditar que las facturas objeto del juicio no corresponden a servicios efectivamente prestados, sino que formarían parte de un esquema de sobrefacturación y fraude atribuido a un ex proveedor.

El requerimiento argumenta que la aplicación de la norma en este caso afecta el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, al impedir la incorporación de un testigo esencial para esclarecer los hechos controvertidos, lo que —según afirma— la deja en una situación de indefensión.

Asimismo, sostiene que la disposición vulnera la igualdad ante la ley y el principio de igualdad de armas, al imponer una restricción desproporcionada al derecho de las partes a aportar prueba dentro del proceso.

La presentación agrega que la aplicación de la norma en el caso concreto resulta arbitraria e irracional, ya que termina contrariando el propio propósito que inspira la institución de las tachas, cual es resguardar la imparcialidad de la prueba testimonial sin afectar el equilibrio procesal entre las partes.

El requerimiento cita jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, particularmente la sentencia dictada en el Rol N°14.326-23-INA, en la cual el tribunal acogió una acción similar y declaró inaplicable el mismo precepto por estimar que su aplicación vulneraba las garantías del debido proceso.

Corresponderá ahora a la Primera Sala del Tribunal Constitucional resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente por el plazo de diez días, para que se pronuncien sobre su admisibilidad. En caso de que la acción sea declarada admisible, el Pleno del Tribunal Constitucional deberá posteriormente pronunciarse sobre el fondo de la impugnación.

Vea texto requerimiento y expediente Rol N°17413-26.