Impugnan norma de ley de arriendo que permite ejecutar desalojo pese a apelación

Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue presentado ante el Tribunal Constitucional respecto del artículo 8, numeral 9, inciso segundo, de la Ley N°18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, en tanto dispone que, en los juicios de arrendamiento de predios urbanos las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo, tendrán preferencia para su vista y fallo, y no podrá decretarse orden de no innovar.

La acción incide en un juicio especial de arrendamiento seguido ante el 24° Juzgado Civil de Santiago en que la demandante solicitó la restitución de un inmueble ubicado en la comuna de Lo Barnechea, sosteniendo que el contrato de arriendo venció en agosto de 2025 y que, como nueva dueña del bien, no está obligada a respetarlo.

El demandado controvirtió la acción, alegando falta de legitimación activa de la actora, por tratarse —a su juicio— de un tercero ajeno al contrato. Además, sostuvo que el inmueble forma parte de una operación de leaseback inmobiliario, con arriendo y opción de compra aún vigente, y denunció la existencia de operaciones simuladas y fraudulentas, relacionadas con acciones civiles de nulidad y querellas penales por estafa. También opuso excepciones dilatorias de ineptitud del libelo.

El tribunal civil acogió la demanda y ordenó al demandado restituir el inmueble dentro de diez días desde que el fallo cause ejecutoria, bajo apercibimiento de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, junto con el pago de consumos domiciliarios y gastos comunes.

El requirente alega que la aplicación en el caso concreto del precepto legal objetado vulnera la garantía de un procedimiento racional y justo (art. 19 N°3, inciso sexto), ya que la concesión de la apelación en el solo efecto devolutivo, sumada a la prohibición expresa de decretar orden de no innovar, permite ejecutar provisionalmente el desalojo mientras la Corte de Apelaciones revisa el fondo del asunto.

A juicio del requirente, esa regla priva de eficacia real al recurso de apelación, pues el lanzamiento podría consumarse antes de que un tribunal superior revise si la sentencia de primera instancia se ajusta a derecho. Por ello, afirma que el derecho a recurrir quedaría reducido a una “ilusión o fantasía”, al producirse un efecto irreversible antes de la decisión del tribunal de alzada.

También sostiene que la norma resulta desproporcionada en atención a la complejidad del caso. Alega que la regla contenida en la Ley N°18.101 fue concebida para juicios simples de arrendamiento, especialmente vinculados a morosidad, pero que su aplicación automática sería inadecuada en un litigio que involucra un entramado contractual complejo, una operación de leaseback inmobiliario, una opción de compra vigente y acciones civiles y penales pendientes.

En concreto, el requirente solicita al Tribunal Constitucional suspender el procedimiento seguido ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, a fin de paralizar el cumplimiento incidental de la sentencia y la orden de lanzamiento requerida por la contraparte. Además, pide que se declare inaplicable, para el caso particular, el artículo 8, numeral 9, inciso segundo, de la Ley N°18.101.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional debe resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente para que formule observaciones acerca de su admisibilidad. En caso de declararse admisible, corresponderá luego al Pleno del Tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Vea requerimiento Tribunal Constitucional Rol N°17.700-26-INA yexpediente.