Seguros paramétricos en Chile: de la teoría a la práctica regulatoria, por Francisca Donoso Fernández y Felipe Cousiño Prieto

Los seguros paramétricos representan un enfoque novedoso en el ámbito asegurador. Su activación es automática y se basa en la ocurrencia verificable de un evento medido por un índice objetivo, eliminando la necesidad de una evaluación pericial de daños. A diferencia de los seguros tradicionales, que requieren un proceso de verificación de daños, el seguro paramétrico establece el pago de una suma fija predeterminada al cumplirse una condición específica, como superar un umbral de magnitud sísmica o de precipitación acumulada. El funcionamiento de estos instrumentos se sustenta en la utilización de índices o parámetros, que son variables físicas, meteorológicas o geográficas de medición objetiva, como la aceleración del suelo, la temperatura, la velocidad del viento o los niveles de precipitación. Los riesgos que pueden cubrirse con esta modalidad son amplios, abarcando desde catástrofes naturales (terremotos, incendios, sequías, inundaciones, tormentas, erupciones volcánicas, marejadas) hasta interrupciones de servicios básicos y pérdidas de beneficios.

La principal ventaja de los seguros paramétricos es la rapidez en el pago de la indemnización, lo que proporciona acceso inmediato a liquidez después de un evento catastrófico. Esta característica los convierte en una herramienta crucial para reducir las brechas de protección, especialmente en sectores vulnerables o difíciles de asegurar por métodos convencionales, como la agricultura, las microempresas y las comunidades rurales.

La CMF ha demostrado un compromiso decidido con la integración de los seguros paramétricos en el ordenamiento jurídico chileno. Con fecha 23 de junio de este año, la CMF publicó una versión revisada de la NCG que regula esta modalidad. Esta segunda iteración del proyecto normativo, que incorpora valiosos insumos del proceso consultivo iniciado en septiembre de 2024, marca un avance sustantivo en términos de claridad, flexibilidad y salvaguarda de los derechos del consumidor. No obstante, subsisten desafíos regulatorios y operativos que demandan una adecuada consideración para asegurar una implementación exitosa y sostenible.