Rodrigo Ríos: «La defensa penal hoy exige cooperación regional y estándares comunes frente al poder punitivo del Estado”

Por Joaquín Tomás Guerrero Reyes, Universidad Finis Terrae

En un escenario regional marcado por profundas transformaciones institucionales, tensiones democráticas y desafíos crecientes para los sistemas de justicia penal, la abogacía criminal enfrenta problemáticas que trascienden las fronteras nacionales. La defensa de las garantías procesales, el debido proceso, la independencia judicial y el rol del abogado penalista en contextos de alta conflictividad social y política se han convertido en temas comunes en distintos países de Iberoamérica.

En este contexto surge la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal, una iniciativa orientada a articular a abogados y abogadas penalistas de la región, fomentar la colaboración académica y profesional, y generar espacios de intercambio de experiencias comparadas que fortalezcan el ejercicio de la defensa penal desde una perspectiva democrática y de derechos fundamentales.

En la siguiente entrevista abordamos los orígenes, objetivos y proyección de esta Red, así como las necesidades compartidas que enfrenta hoy la abogacía criminal en Iberoamérica, su vínculo con universidades y procesos de formación jurídica, y los beneficios concretos que ofrece a quienes la integran. Asimismo, analizamos la relevancia de fortalecer redes jurídicas internacionales en el actual contexto regional y el aporte específico que la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal puede realizar al debate jurídico nacional y a los desafíos actuales del sistema penal chileno.

Para ello entrevistamos al profesor Rodrigo Ríos de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y actual presidente de la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal

1. ¿Podría explicar qué es la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal, sus objetivos y qué motivó su creación?

La Red Iberoamericana de Abogacía Criminal es una alianza internacional que reúne a abogados y estudios jurídicos especializados en derecho penal y derecho procesal penal, con presencia en diversos países de Iberoamérica. Un rasgo distintivo de la RED es que todos sus miembros combinan el ejercicio profesional con una sólida trayectoria académica, desempeñándose como profesores de derecho penal y procesal penal en sus respectivos países.

La RED surge a partir de una convicción compartida: muchos de los desafíos que enfrenta hoy la defensa penal, como lo son, la expansión del derecho penal, la complejización de los casos, las tensiones con las garantías procesales, entre otros, no se explican solo desde una perspectiva nacional. Requieren una mirada regional y comparada, y que exigen respuestas cooperativas. Por ello, la RED tiene como misión promover el intercambio de experiencias y la cooperación jurídica internacional, siempre desde la ética y excelencia profesional, así como el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

En este contexto, tuve el honor de ser electo Presidente de la RED para el bienio 2024–2026, junto a la Vicepresidenta Jamilla Sarkis, socia del estudio jurídico “Leonardo Marinho Advocacia”. Desde mi calidad de socio del estudio “Picand & Ríos Abogados”, asumo esta responsabilidad como un compromiso institucional con el fortalecimiento y la proyección iberoamericana de la RED.

2. ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades que comparten los abogados penalistas en Iberoamérica que justifican la existencia de una red de este tipo?

En la región compartimos realidades muy similares: una expansión sostenida del derecho penal, una creciente complejidad de la litigación, especialmente en materias económicas y empresariales, donde los modelos de responsabilidad penal y los sistemas de prevención de delitos han adquirido una relevancia creciente. A ello se suman tensiones persistentes con las garantías procesales y un contexto de presión mediática e institucional que incide directamente en el ejercicio profesional en el ámbito penal.

La RED responde a estas necesidades ofreciendo un espacio de diálogo permanente, con intercambio de experiencias comparadas, siempre con la exigencia de estándares éticos y técnicos comunes, que permitan enfrentar colectivamente desafíos que no pueden abordarse de manera aislada.

3. ¿De qué manera el trabajo de la Red se traduce en beneficios concretos para los profesionales del derecho penal que la integran?

El trabajo de la RED se traduce en beneficios concretos para la práctica profesional. Por una parte, mediante una colaboración efectiva entre las distintas oficinas que la integran, que se expresa tanto en la asesoría conjunta como en la derivación responsable de casos con componentes internacionales, fortaleciendo de manera real la cooperación jurídica penal transnacional. Por otra, a través de la organización permanente de seminarios y encuentros abiertos a la comunidad jurídica, que propician un diálogo sustantivo entre la academia, la práctica profesional y los operadores del sistema de justicia.

Todo este quehacer se desarrolla bajo un fuerte compromiso institucional con la ética profesional, promoviendo una abogacía penal responsable y técnicamente especializada

4. ¿Qué papel cumplen la colaboración académica y el intercambio de experiencias comparadas entre distintos países dentro de la Red?

Cumplen un rol central. La doble condición profesional y académica de los miembros de la RED permite un intercambio constante y profundo entre teoría y práctica, enriquecido por el derecho comparado y por experiencias forenses diversas en la región.

Un hito especialmente relevante en este ámbito es la reciente publicación del libro “Desafios e Perspectivas Ibero-Americanas sobre as Ciências Criminais”, obra homenaje al profesor Raúl Cervini, presidente honorífico de la RED, editada por Tirant lo Blanch Brasil y coordinada junto con la Vicepresidenta de la RED, Jamilla Sarkis. Esta obra no solo rinde tributo a un maestro fundamental de las ciencias criminales, sino que constituye una contribución concreta de la RED a la comunidad jurídica iberoamericana, con reflexiones orientadas a los desafíos presentes y futuros del derecho penal y procesal penal.

5. En un escenario de transformaciones institucionales y desafíos democráticos en la región, ¿qué relevancia tiene fortalecer redes jurídicas internacionales como esta? ¿Por qué es importante mantener activa esta Red en Chile?

En contextos de transformación institucional, las redes jurídicas internacionales cumplen un rol fundamental en la protección de los estándares democráticos y de los derechos fundamentales. Estas instancias permiten generar espacios de intercambio y reflexión que fortalecen el rol de la defensa penal como un componente esencial del Estado de Derecho.

En el caso de Chile, la RED resulta especialmente relevante porque sitúa el debate penal nacional en una perspectiva iberoamericana más amplia, enriquecida por experiencias comparadas y por una reflexión académica rigurosa, lo que contribuye al fortalecimiento de la formación profesional y del debate jurídico interno

6. ¿Cómo se vincula la Red con las universidades, los estudiantes de derecho y los procesos de formación jurídica en materia penal?

La vinculación con el mundo académico es estructural para la RED. Cada año se realiza un encuentro anual, coorganizado con universidades de reconocido prestigio y con activa participación de operadores del sistema de justicia. El último encuentro anual se desarrolló en Lima, teniendo como sede a la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Durante 2025, esta línea se profundizó con la suscripción de un convenio de cooperación académica con el Instituto Bahiano de Derecho Procesal Penal (IBADPP), acuerdo firmado junto a su presidente, el profesor Jonata Wiliam, en el marco del Seminario Nacional organizado por el Instituto en Salvador de Bahía, con una participación relevante de miembros de la RED.

Asimismo, la RED también impulsa encuentros regionales para fortalecer su presencia local; el más reciente se realizó en Camboriú, durante el primer semestre de este año, y realizado en la Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Brasil.

7. Desde su experiencia, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que enfrenta la abogacía criminal en Iberoamérica?

Uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la abogacía penal es reafirmar su legitimidad institucional como una función indispensable del Estado de Derecho, especialmente en contextos donde el ejercicio de la defensa suele ser objeto de una serie de cuestionamientos. La labor del abogado defensor no solo cumple un rol técnico, sino que constituye una garantía estructural frente al poder punitivo del Estado, cuya vigencia resulta esencial para la protección efectiva de los derechos fundamentales.

A este escenario se suma la necesidad de enfrentar un entorno normativo cada vez más complejo, en el que los programas de cumplimiento y los modelos de prevención de delitos ocupan un lugar central, particularmente en el ámbito del derecho penal económico y empresarial. Todo ello exige una abogacía penal que combine especialización técnica con una comprensión clara de su función institucional, sin perder de vista la centralidad de las garantías procesales.

Frente a estos desafíos, la RED promueve la construcción de estándares compartidos y el trabajo colaborativo entre profesionales de distintos países, entendiendo que la cooperación regional y la reflexión comparada son herramientas claves para fortalecer el ejercicio de la defensa penal en contextos democráticos.

8. ¿Qué proyección tiene la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal y cuáles son los principales hitos o líneas de trabajo previstos para los próximos años?

La proyección de la RED es consolidarse como un referente iberoamericano en la abogacía penal, fortaleciendo su presencia regional y profundizando su aporte tanto al debate académico como al ejercicio profesional. En ese camino, uno de los desafíos relevantes es seguir incorporando nuevas oficinas de la región, con el propósito de ampliar su alcance territorial y consolidar una red que represente de manera cada vez más sólida a la abogacía penal iberoamericana.

Desde una perspectiva operativa, la RED buscaremos incentivar programas de pasantías entre las oficinas que la integran, como una forma de promover la inmersión directa de sus miembros en los distintos sistemas penales de la región. Estas experiencias permiten una comprensión práctica del derecho comparado y contribuyen a la formación de abogados con una mirada regional del fenómeno penal.

En este proceso de consolidación, la RED también busca seguir aportando a la discusión regional en materias como la responsabilidad penal y el cumplimiento normativo, ámbitos que hoy resultan inseparables del ejercicio moderno de la abogacía penal.

En cuanto a la agenda futura, el año 2026 contempla dos hitos especialmente relevantes. Por una parte, se realizará un encuentro regional en Uruguay, que servirá además como instancia de presentación pública del libro “Desafios e Perspectivas Ibero-Americanas sobre as Ciências Criminais”. Por otra, en septiembre de 2026 tendrá lugar el encuentro anual de la RED en Salvador de Bahía, Brasil, el cual se viene consolidando como un espacio de diálogo académico y profesional en torno a los desafíos actuales del derecho penal.

9. Finalmente, para Chile, ¿qué puede aportar la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal al debate jurídico nacional y a los desafíos actuales del sistema penal en Chile?

Desde Chile, la RED ofrece un aporte especialmente valioso al permitir que los debates nacionales en materia penal se inserten en una discusión iberoamericana más amplia, nutrida por experiencias comparadas y reflexión académica de alto nivel. Muchos de los desafíos actuales del sistema penal chileno —la tensión entre eficiencia y garantías, el uso de medidas cautelares, la persecución penal en materias complejas— son problemáticas compartidas en la región.

La RED permite analizar estos fenómenos desde una perspectiva comparada, identificar buenas prácticas y advertir riesgos comunes, fortaleciendo los vínculos entre academia, litigación y política criminal. Para la comunidad jurídica chilena, la RED es una invitación a dialogar, comparar y reflexionar colectivamente sobre el futuro del derecho penal en un contexto democrático.

Desde Chile, la RED ofrece un aporte particularmente relevante al permitir que los debates nacionales en materia penal se inserten en una discusión iberoamericana más amplia, alimentada por experiencias comparadas y por una reflexión académica sistemática. Muchos de los problemas que hoy enfrenta el sistema penal chileno no son fenómenos aislados, sino expresiones de dinámicas comunes en la región, lo que hace especialmente valioso un enfoque que trascienda el marco estrictamente interno.

En este sentido, la RED posibilita el análisis de estos desafíos desde una perspectiva comparada, favoreciendo una comprensión más profunda de sus causas y de las respuestas institucionales que se han ensayado en otros contextos.