¿Errores aislados o un problema sistémico en la judicatura?

Me permito formular una inquietud de carácter jurídico que surge a partir de antecedentes públicos, objetivos y ampliamente conocidos, los cuales ameritan, al menos, una reflexión seria y responsable por parte de la ciudadanía.

El hecho de que tres ministros de la Excma. Corte Suprema hayan sido destituidos por faltas graves a sus deberes, sumado a que otro magistrado —el señor Álvaro Meza— se encuentre actualmente querellado por el delito de prevaricación, abre legítimamente una pregunta que no puede ser ignorada: ¿estamos frente a hechos estrictamente aislados o existen razones fundadas para considerar que podrían darse conductas similares en otros integrantes del Poder Judicial?

Esta interrogante adquiere especial relevancia al observar la reiteración de fallos dictados por la Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, particularmente en causas de Derechos Humanos, los cuales —según diversos análisis jurídicos— se sostienen en interpretaciones altamente discutibles, como la aplicación de la figura del secuestro permanente, la calificación automática de crímenes de lesa humanidad o el uso de verdaderas ficciones jurídicas, en ocasiones desvinculadas de la prueba rendida y del derecho estrictamente aplicable.

A ello se suma la dictación de sentencias que reabren causas penales firmes, con penas ya cumplidas, y que incrementan sanciones invocando decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, transformándola de facto en un tribunal revisor de sentencias penales chilenas, cuestión que plantea serios reparos constitucionales y abre legítimamente el debate sobre eventuales responsabilidades políticas y jurídicas.

Cuando este tipo de construcciones se repite de forma sistemática, no solo se debilita la confianza pública en la administración de justicia, sino que también surge una duda razonable respecto de si algunas decisiones han sido adoptadas con negligencia grave o, eventualmente, con pleno conocimiento de su falta de sustento jurídico, lo que podría comprometer responsabilidades disciplinarias, penales o institucionales.

Esta reflexión no busca desacreditar a la judicatura como institución, cuyo rol es esencial en un Estado democrático de derecho, sino advertir que la legitimidad de la justicia descansa en el respeto irrestricto a la ley, a los hechos probados y a la imparcialidad del juzgador. Cuando estos principios se relativizan, se erosiona la vigencia efectiva del debido proceso y de las garantías fundamentales que el Estado está llamado a proteger.

Álvaro Guzmán Valenzuela

General de Brigada