El Derecho frente a la tentación de lo ilimitado: el fenómeno therian y los límites del Derecho como sistema de garantías

El Derecho argentino no nació para reflejar cualquier hecho social, sino para organizar la convivencia bajo un sistema de garantías. Esa diferencia – entre describir y normar – es la que hoy se pone a prueba frente a la tentación de lo ilimitado. En su encarnación constitucional y civil, el Derecho se propuso nombrar, con eficacia normativa, la dignidad humana que nuestras tradiciones republicanas reclamaban. La reforma del Código Civil y Comercial de la Nación respondió a esa aspiración: desprenderlo de categorías rígidas que reducían a las personas a variables biológicas, para colocar la subjetividad, la autonomía y la libertad en el centro de la escena jurídica. Fue, en cierto sentido, una revolución del “yo soy” frente al Estado y frente a quienes históricamente buscaron negar esa afirmación. Pero una cosa es dignificar jurídicamente a una persona humana, y otra, muy distinta, es diluir aquello de lo que dependen las obligaciones, las responsabilidades y las garantías que el propio Derecho promete.

En este contexto emerge, ya no como una hipótesis académica sino como un hecho social visible, el denominado fenómeno therian: personas que, en espacios públicos urbanos, se autoperciben como animales no humanos, adoptan conductas instintivas o utilizan máscaras como parte de su identidad. Más allá de la heterogeneidad de prácticas y discursos que se agrupan bajo esa denominación, el fenómeno ha ingresado al debate público argentino, circula en los medios y se vuelve objeto de discusión en plazas y redes sociales. El Derecho, como tantas veces, llega después; pero no puede darse el lujo de llegar sin pensar.

Es necesario ser claros y políticamente responsables. La identidad de género en nuestro plexo normativo no es una simple preferencia individual, sino una categoría de derechos humanos construida sobre luchas históricas y reconocida por el Estado como dimensión constitutiva de la dignidad humana. El riesgo aquí no radica en la existencia de estas subjetividades, sino en su instrumentalización discursiva: pretender que la vivencia therian – una experiencia introspectiva, simbólica y, si se quiere, poética – exija el mismo estatuto jurídico implica una banalización peligrosa. El Derecho no es un espejo destinado a reflejar metáforas individuales; es una herramienta de justicia social. Confundir la lógica de la reparación con la percepción de especie no es solo un error técnico: es una falta de respeto a las luchas colectivas que dotaron de sentido al nuevo Código.

El concepto jurídico de persona humana no es una categoría identitaria disponible ni una autoatribución simbólica abierta a redefiniciones ilimitadas. No es una metáfora cultural, sino el punto de imputación normativa que permite que el Derecho funcione. Es el presupuesto básico sobre el cual se estructura todo el sistema de derechos y deberes: imputación, responsabilidad, reciprocidad normativa y exigibilidad jurídica. Desde esa noción el Derecho reconoce autonomía, protege la dignidad y establece límites. Desanclar la categoría de persona humana de ese entramado no amplía libertades, sino que compromete la coherencia del sistema, que deja de saber a quién protege, a quién obliga y bajo qué condiciones. La pregunta relevante, entonces, no es qué vivencias pueden ser nombradas por el Derecho, sino qué categorías permiten sostener un orden de garantías sin vaciarlo de sentido.

Que una experiencia interior exista, que sea sincera y significativa para quien la vive, no la convierte por sí sola en material normativo. El Derecho argentino ha incorporado la subjetividad como dimensión relevante, pero lo ha hecho con un propósito preciso: proteger a la persona humana frente a la exclusión, la violencia y la desigualdad estructural. No para transformar el ordenamiento jurídico en una superficie ilimitada donde toda vivencia introspectiva reclame traducción legal inmediata.