A 25 años de la reforma procesal penal: el sistema enfrenta una crisis de fundamentación y pérdida de objetividad

Se cumplen 25 años desde la implementación de la reforma procesal penal en Chile, una transformación que prometió separar las funciones de investigar, acusar y juzgar, pasando de un antiguo sistema inquisitivo a uno que consagraba la objetividad y la imparcialidad. Sin embargo, a un cuarto de siglo, es necesario reflexionar sobre las nuevas dificultades que han surgido.

Hoy vemos que la Corte Suprema ha tenido que abrir una puerta ante una crisis de fundamentación. Los Jueces de Garantía y las Cortes de Apelaciones, en muchos casos, no están ofreciendo resoluciones debidamente motivadas, lo que afecta los derechos fundamentales de personas que terminan privadas de libertad sin la justificación adecuada. Además, estas Cortes de Apelaciones no están integradas por Ministros especializados en materia penal y procesal penal, lo que lleva a que muchas decisiones se dicten con un sesgo hacia la opinión pública o mediática, en lugar de basarse en la especificidad del derecho penal.

Así, la promesa de un Ministerio Público objetivo y de un Poder Judicial que garantizara derechos no se ha cumplido del todo. A 25 años, nos encontramos con un sistema donde el Ministerio Público ha perdido en parte su objetividad, y los Jueces de Garantía muchas veces simplemente reproducen la tesis persecutoria sin el contrapeso necesario.

Es importante agregar que los Jueces de Garantía tienden también a reproducir el razonamiento de las Cortes de Apelaciones, ya que estas son sus superiores jerárquicos, lo que puede afectar la imparcialidad de sus decisiones. Esto evidencia la necesidad de un cambio en el sistema de nombramientos, para asegurar una mayor independencia y especialización.

Es fundamental, entonces, abrir un debate serio sobre cómo rescatar la esencia de la reforma y garantizar que los derechos fundamentales de los imputados no se vean vulnerados por falta de fundamentación, especialización y autonomía.

José Antonio Henríquez Muñiz

Abogado

Director Asociación Pensamiento Penal Chile