10°C · Nublado·Santiago·Sábado, 08 de agosto de 2026

Actualidad Internacional

Derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica, el trabajo periodístico.

Venezuela: CIDH y RELE condenan graves violaciones a derechos humanos denunciadas durante la represión en las protestas poselectorales.

Desde el fin de la jornada electoral del 28 de julio, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, exigiendo atención a las denuncias de graves irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obstáculos al proceso de auditoría ciudadana.

Por Elke von Loebenstein·01 de agosto de 2024·4 min de lectura
Imagen: tw.aztecaveracruz.com
Imagen referencial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan la represión contra personas manifestantes en el contexto poselectoral en Venezuela. Ante esta preocupante situación, hacen un llamado al Estado para que respete el derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica, el trabajo periodístico, y garantice la seguridad de quienes se manifiestan.

Desde el fin de la jornada electoral del 28 de julio, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, exigiendo atención a las denuncias de graves irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obstáculos al proceso de auditoría ciudadana. Según registros de medios de prensa, organizaciones de la sociedad civil y particulares, al menos 115 de estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por el Estado, tras la previa advertencia del entonces candidato Nicolás Maduro de que podría haber «un baño de sangre y una guerra civil en el país».

La represión, que replica patrones observados en 2014 y 2017 en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y democracia, se está dando con el apoyo de grupos civiles armados conocidos como «colectivos». Estos grupos actuarían con el consentimiento estatal, según las organizaciones, bajo el «Sistema Popular de Protección para la Paz», que les habría atribuido tareas de vigilancia, seguridad y contraloría social. La actuación de los «colectivos» podría generar la responsabilidad internacional del Estado por su tolerancia, colaboración o aquiescencia del accionar de estos grupos en posibles graves y masivas violaciones de los derechos humanos.

Te puede interesar

Newsletter

Lo esencial del derecho, cada mañana

Fallos, proyectos de ley y análisis seleccionados por la redacción. Gratis en su correo.