Amnistía Internacional solicita que se regule la producción y uso de armas de electrochoque policiales a través de un tratado internacional.

La ONG Amnistía Internacional solicitó la creación de un tratado internacional vinculante para regular la producción, comercialización y uso de dispositivos de electrochoque. En este contexto, publicó un informe en el que se documenta la utilización de estos dispositivos en distintas jurisdicciones y su impacto en la protección de los derechos humanos.

El informe expone que cuerpos de seguridad a nivel global emplean equipos de descarga eléctrica, tales como pistolas eléctricas y táseres, en distintos entornos, incluyendo centros de detención, instituciones de salud mental y durante operativos en manifestaciones públicas. Asimismo, se señala que estos dispositivos han sido utilizados en contra de personas pertenecientes a colectivos específicos, como manifestantes, activistas de derechos humanos, integrantes de la oposición política, mujeres y menores de edad.

Según el texto, el uso de estos dispositivos puede ocasionar diversas consecuencias físicas y psicológicas, incluyendo quemaduras, alteraciones neurológicas, afectaciones en la salud mental y, en determinados casos, la muerte. En atención a estos efectos, se recomienda que las autoridades competentes recopilen y analicen información desglosada por factores como edad, género y origen étnico, con el fin de identificar posibles patrones discriminatorios en su aplicación.