Corte Suprema deja sin efecto traslado de funcionaria municipal y exige acto fundado para remover a la recurrente

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de Hualqui, dejando sin efecto el Decreto Exento N°384 de 10 de febrero de 2025, que había destinado a la funcionaria a un nuevo cargo dentro de la Dirección de Salud, al estimar que fue adoptado mediante un acto administrativo carente de motivación y razonabilidad.

La recurrente, quien se desempeñaba como Jefa de Administración y Finanzas de la Dirección de Salud, expuso que el decreto la removía de su cargo sin fundamentación adecuada y la destinaba como Ejecutiva de Compras en la Unidad de Adquisiciones, manteniendo su grado y categoría, pero asignándole funciones por debajo de su perfil profesional. Señaló que la medida constituía una represalia antisindical, ya que ejercía fuero sindical por ser tesorera de la Asociación de Funcionarios de la Salud (AFUSAM Hualqui), y que la modificación del cargo se realizó sin su consentimiento, vulnerando derechos constitucionales como estabilidad laboral, igualdad ante la ley y libertad sindical.

Alegó que el acto administrativo adoleció de graves vicios, dado que carecía de motivación suficiente, evidenciaba contradicciones con decretos anteriores y no cumplía con los estándares de razonabilidad exigidos para el ejercicio de la potestad discrecional de la administración, lo que configuró arbitrariedad.

La Municipalidad de Hualqui solicitó el rechazo de la acción, sosteniendo que el traslado se ajustaba a sus facultades legales, que la recurrente mantenía su nivel, categoría y remuneración, y que la destinación se justificaba por razones de eficiencia y mejoramiento del servicio. Además, afirmó que no existió vulneración de derechos sindicales, igualdad ante la ley ni propiedad sobre el cargo, y que el recurso de protección no era la vía idónea para impugnar destinaciones funcionarias.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso, al constatar que el acto administrativo impugnado carecía de la debida fundamentación exigida por la ley.

En particular, el fallo sostuvo que, “(…) el acto administrativo en cuestión se limita a describir en los ‘vistos’, las normas que permitirían adoptar la medida que se describe en el ‘resuelvo’, sin embargo no se advierten los fundamentos que motivan la decisión, careciendo el acto en cuestión, de estándar necesario para que la funcionaria comprenda adecuadamente las razones por las cuales fue destinada al cargo de Ejecutiva de Compras en la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Salud, restando en suma toda razonabilidad al acto, cuestión que tiñe de arbitrariedad la decisión, pues no cumple con la exigencia de razonabilidad, estrechamente vinculada al ejercicio de una potestad discrecional por parte de la Administración”.

En mérito de lo expuesto, la Corte de Concepción acogió el recurso de protección, dejando sin efecto el Decreto Exento N°384 y ordenando a la Municipalidad dictar un acto fundado y motivado si estimaba necesario remover a la recurrente de su cargo.

Apelado este fallo, la Corte Suprema lo confirmó.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°33.179-2025 y Corte de Concepción Rol N°589-2025 (Protección).