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#videovigilancia

Vacío legal en materia de IA

Consejo de Estado de Francia dictamina que videovigilancia algorítmica realizada con cámaras públicas es ilegal

Determinó que la implementación de herramientas de inteligencia artificial para el análisis automatizado de imágenes en la vía pública requiere de una habilitación legal expresa actualmente inexistente en el ordenamiento jurídico. Aclara que la facultad general de instalar cámaras de seguridad no conlleva una autorización implícita para procesar dicha información mediante algoritmos de detección en tiempo real, priorizando el principio de legalidad en el tratamiento de datos personales frente a la seguridad municipal.

13 de febrero de 2026

Derecho a la intimidad

Multa a clínica dental por videovigilancia excesiva que afecta intimidad de pacientes y trabajadores

Agencia Española de Protección de Datos estableció que, hasta once cámaras, algunas en gabinetes de atención, instaló la clínica dental lo que derivó en dos sanciones por grabar intervenciones a pacientes y vigilancia excesiva de empleados.

17 de diciembre de 2025

Opinión.

Protección de Datos en el TJUE: las cámaras de vigilancia instaladas en el domicilio, pero enfocando a la calle, por Blanca Valdés.

En este caso, la cámara no estaba dirigida sólo a la vivienda de Ryneš, sino que también abarcaba la vía pública, afectando a la intimidad de cualquier persona que pasara por ese lugar al quedar grabado en la cámara.

18 de abril de 2024

Medida proporcionada.

Instalación de cámaras ocultas en el lugar de trabajo para descubrir al autor de un hurto no vulnera la intimidad de los trabajadores, resuelve un tribunal español.

La existencia de una sospecha razonable de que se ha cometido una falta grave y la magnitud de las pérdidas identificadas constituye una justificación de peso para descartar la vulneración del derecho a la intimidad. Diferente sería el supuesto de que las cámaras se hubieran instalado por la empresa demandada como medida general de control.

21 de diciembre de 2023

Corte Constitucional de Colombia.

Policía Nacional no puede acceder a circuitos de videovigilancia privados para realizar tareas de prevención, porque vulnera los datos personales y la intimidad de la población.

La potestad conferida a la Policía para acciones de “prevención” resulta desproporcionada, pues no existe prueba de la idoneidad de la medida, ni certeza de que el acceso de la autoridad a circuitos de vigilancia y seguridad privados a fin de ejecutar acciones de “prevención” –que la propia ley se abstiene de definir, precisar y acotar– contribuya a disminuir las conductas delictivas.

05 de diciembre de 2022

Prueba lícita.

Tribunal Superior de España resuelve que pueden utilizarse imágenes del sistema de video vigilancia de una empresa para justificar un “despido disciplinario”.

Si el trabajador sabe de la existencia del sistema de video vigilancia, el empleador no está obligado especificar la finalidad exacta asignada a ese control.

15 de octubre de 2021