Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley que busca modificar régimen de impugnación de sanciones, decisiones de caducidad y, en general, actos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios

La Corte Suprema evacuó informe sobre el proyecto de ley que “Modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores”, actualmente en segundo trámite constitucional ante la Comisión de Obras Públicas del Senado.

El pronunciamiento del máximo Tribunal se refiere específicamente a las modificaciones introducidas al procedimiento de reclamación judicial contemplado en la Ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en particular a los cambios propuestos a sus artículos 13, 17 y 32, los cuales no formaban parte del proyecto original, sino que provienen de indicaciones presentadas por el Ejecutivo en julio de 2025. Dichas indicaciones buscan alterar el régimen de impugnación de sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de las decisiones relativas a la caducidad de concesiones.

En cuanto al artículo 13, que actualmente regula la reclamación contra sanciones administrativas, la Corte expone que la propuesta traslada la competencia desde el juez de letras en lo civil a la Corte de Apelaciones de Santiago, sustituye el procedimiento sumario por el nuevo procedimiento especial del artículo 32, modifica el cómputo de los intereses —que pasarían a devengarse desde el décimo día de ejecutoriada la sentencia— y elimina la regla de condena obligatoria en costas cuando se rechaza la reclamación. Asimismo, el plazo para reclamar se remite a lo dispuesto en el nuevo artículo 32.

Respecto del artículo 17, relativo a la reclamación contra la caducidad de concesiones sanitarias, el informe señala que el proyecto también traslada la competencia a la Corte de Apelaciones de Santiago, reemplaza la referencia al “afectado” por la de “titular de la concesión caducada”, sujeta el procedimiento al nuevo artículo 32 y establece que la caducidad solo surtirá efecto una vez vencido el plazo para reclamar sin que se haya deducido reclamo, o cuando la sentencia que lo resuelva quede firme. Desde ese momento, comenzará a correr el plazo para licitar la concesión caducada y designar un administrador provisional, si ello no se hubiere efectuado previamente.

En relación con el artículo 32, que regula de manera general el reclamo de ilegalidad contra actos de la Superintendencia, la Corte Suprema detalla que el proyecto mantiene ciertos elementos del régimen vigente, como la competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, el plazo de quince días hábiles para reclamar, la vista de la causa, la imposibilidad de suspender el acto cuando se comprometa la calidad o continuidad del servicio y el plazo de quince días para dictar sentencia. Sin embargo, introduce numerosas innovaciones, entre ellas la incorporación expresa de los actos reclamables de los artículos 13 y 17, la eliminación de las omisiones como supuesto de reclamo, la exigencia de requisitos formales del escrito, la consagración de una fase de admisibilidad con recursos en su contra, la ampliación del plazo de traslado a la Superintendencia, la posibilidad de abrir término probatorio, la facultad de oír alegatos, la incorporación de la seguridad de las personas como límite a la suspensión del acto, la determinación de las facultades del tribunal al acoger el reclamo y, de manera relevante, la introducción de un recurso de apelación ante la Corte Suprema, eliminando la actual regla de inapelabilidad.