Corte Suprema confirma condena por cohecho agravado de defensor penal público en Puerto Natales

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó a un defensor penal público como autor del delito de cohecho agravado, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, cometido en la ciudad de Puerto Natales.

En el fallo impugnado el tribunal oral condenó al acusado a la pena de tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo, con las accesorias legales, multa de $200.000.- y costas de la causa, por uno de los hechos acreditados, además de imponerle tres penas adicionales de 243 días de reclusión menor en su grado mínimo, junto a sus respectivas accesorias y multas que ascendieron a $2.000.000.-, $4.500.000.- y $3.000.000.-, por otros tres episodios de cohecho establecidos durante el juicio.

El recurso de nulidad fue fundado, en lo principal, en la causal prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por supuesta infracción a las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa, así como, en subsidio, en la causal del artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 del mismo cuerpo legal, alegando defectos en la fundamentación del fallo y errónea valoración de la prueba rendida.

Al conocer del arbitrio, el máximo Tribunal descartó la existencia de vulneraciones sustanciales a las garantías constitucionales invocadas, señalando que el tribunal oral expuso de manera clara y coherente las razones por las cuales tuvo por acreditados los hechos y la participación culpable del acusado, efectuando una valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica.

La Corte sostuvo que las alegaciones de la defensa no evidenciaban una afectación real al derecho a defensa ni al debido proceso, sino que se orientaban a cuestionar la apreciación de la prueba y las conclusiones fácticas del tribunal de fondo, materia que resulta ajena al control propio del recurso de nulidad. En tal sentido, precisó que dicho arbitrio no constituye una tercera instancia destinada a revisar la ponderación de la prueba, salvo que se acredite una infracción manifiesta a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, lo que no ocurrió en la especie.

Asimismo, el fallo desestimó la causal subsidiaria de nulidad, indicando que la sentencia impugnada cumple con las exigencias de motivación establecidas en el artículo 342 del Código Procesal Penal, toda vez que contiene una exposición detallada de los hechos acreditados, la prueba en que se sustentan y el razonamiento jurídico que condujo a la calificación penal y a la determinación de las penas impuestas.

En cuanto a la tipificación jurídica, la Corte Suprema concluyó que los hechos establecidos encuadran correctamente en el delito de cohecho agravado, descartando la existencia de errores de derecho en la aplicación de la norma penal y reafirmando que la conducta del condenado lesionó de manera relevante la probidad administrativa y la fe pública, bienes jurídicos especialmente protegidos por el ordenamiento penal.

Con ello, el máximo Tribunal rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa, quedando firme y ejecutoriada la sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N° rol 58.455-2024.