Anulan expulsión de ciudadano venezolano por infracción al debido proceso y falta de descargos

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la reclamación interpuesta en contra de la resolución de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota que había ordenado la expulsión de un ciudadano venezolano, dejando sin efecto dicha medida por estimar que fue dictada con infracción a las garantías del debido proceso y carente de adecuada fundamentación.

El reclamante impugnó la Resolución, de 16 de abril de 2019, que dispuso su expulsión del territorio nacional por ingreso irregular, alegando que la autoridad administrativa actuó ilegalmente al no otorgarle la posibilidad de formular descargos ni ejercer su derecho a defensa, además de haberse desistido previamente de la acción penal vinculada a los mismos hechos.

Sostuvo que la medida resultaba improcedente, en primer término, por no existir una condena penal previa que habilitara la expulsión conforme a la normativa vigente a la época. Asimismo, denunció la vulneración de garantías constitucionales y administrativas, en particular el derecho a un procedimiento racional y justo, el principio de contradictoriedad y la falta de motivación del acto administrativo.

El Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo de la reclamación, argumentando que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente y en conformidad con la normativa vigente al momento de su emisión, en atención al ingreso clandestino del extranjero, conducta que habilitaba la aplicación de la medida de expulsión.

La Corte acogió el reclamo. Concluyó que el procedimiento administrativo no respetó las garantías mínimas del debido proceso, al no haberse otorgado al afectado la posibilidad de ser oído ni de presentar antecedentes en su defensa, y que el acto impugnado carecía de motivación suficiente. En ese sentido, señaló que “no consta en parte alguna del acto administrativo que se le haya oído o tomado declaración o que pudo presentar algún descargo, aportar documentos o algún otro elemento de juicio en su favor”.

Asimismo, advirtió que la resolución se fundó en una ponderación meramente formal de los antecedentes y en la referencia a normas que exigían supuestos —como la existencia de una condena penal— que no se verificaban en el caso, lo que comprometía su legalidad y razonabilidad.

En ese contexto, concluyó que la orden de expulsión resultaba ilegal, haciendo procedente su invalidación.

En mérito de lo expuesto, la Corte de Santiago acogió la reclamación, dejó sin efecto la resolución administrativa impugnada y anuló la medida de expulsión.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°493-2026 (Contencioso Administrativo).