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Fiscalía prepara nuevo modelo juvenil
Fiscalía Nacional impulsará equipo especial para perseguir a adolescentes reincidentes en delitos violentos
El Ministerio Público implementará un plan piloto inspirado en el modelo ECOH para focalizar la persecución penal de menores de edad involucrados reiteradamente en delitos graves, combinando control policial, seguimiento psicosocial y coordinación con distintas instituciones del Estado.
La Fiscalía Nacional anunció la creación de un nuevo equipo especializado para enfrentar el aumento de delitos cometidos por adolescentes, especialmente aquellos vinculados a jóvenes reincidentes involucrados en hechos violentos y conductas criminales reiteradas. La iniciativa comenzará con un plan piloto durante el segundo semestre de 2026 y estará inspirada en el modelo ECOH, implementado previamente para homicidios y crimen organizado.
El anuncio fue realizado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien explicó que el fenómeno delictual juvenil requiere una intervención distinta y más focalizada. “Esto lo hemos llamado un ECOH dos”, señaló, agregando que se trata de “un segundo proyecto con una inspiración similar” al modelo utilizado para combatir homicidios y secuestros asociados al crimen organizado.
Según datos entregados por la Fiscalía Nacional, entre 2019 y 2025 el 10% de los adolescentes entre 14 y 17 años concentró el 36% de la carga delictual total registrada en el sistema penal juvenil. Aún más, el 1% de los jóvenes involucrados acumuló el 8% de los delitos cometidos durante ese período, registrando en promedio cerca de 13 ilícitos por adolescente.
Desde el Ministerio Público explicaron que el programa estará dirigido a los denominados “adolescentes infractores prolíficos”, es decir, jóvenes que mantienen una participación reiterada en delitos violentos o de alta connotación pública, como portonazos, turbazos y otros hechos asociados a violencia urbana.
La estrategia considera mecanismos de “disuasión focalizada”, modelo utilizado internacionalmente y basado en la teoría denominada “pulling levers”, que apunta a intervenir específicamente sobre pequeños grupos de infractores que concentran una proporción significativa de delitos graves. La Fiscalía sostuvo que la evidencia criminológica demuestra que “la probabilidad cierta de ser identificado o sancionado tiene un efecto disuasivo relevante”.
No obstante, desde el organismo también reconocieron que la persecución penal por sí sola resulta insuficiente para abordar el fenómeno de la delincuencia juvenil. Por ello, el nuevo sistema combinará control policial y judicial con evaluación psicosocial, reinserción escolar y derivación a programas estatales de apoyo.
“Lo que necesitan estos muchachos es seguimiento”, afirmó Valencia. El fiscal nacional agregó que las medidas impuestas a adolescentes deben ser fiscalizadas y cumplidas efectivamente, señalando que los jóvenes “necesitan control y fiscalización” y que el objetivo es “devolverlos y retenerlos en el sistema escolar”. También sostuvo que los adolescentes deben “sentirse observados” y que las instituciones no pueden “desentenderse” de ellos.
La Fiscalía indicó además que el proyecto busca coordinar el trabajo entre múltiples instituciones públicas vinculadas a la protección y supervisión de adolescentes, incluyendo policías, establecimientos educacionales, municipios, tribunales de familia, programas sociales y organismos especializados en infancia y juventud.
En esa línea, Valencia explicó que actualmente se desarrollan reuniones con distintos actores institucionales para compartir información y generar mecanismos permanentes de monitoreo respecto de los adolescentes intervenidos por el programa. “Entre todos nos preocupamos de saber dónde están y qué están haciendo”, indicó.
El proyecto contará con apoyo técnico y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que colaborará en el diseño y adaptación del modelo internacional al contexto chileno.
La iniciativa surge en medio del creciente debate público sobre participación de menores de edad en delitos violentos y sobre el rol de bandas criminales en el reclutamiento de adolescentes para actividades ilícitas. Sin embargo, el fiscal nacional sostuvo que el fenómeno no puede explicarse únicamente por el crimen organizado, advirtiendo que también existen factores vinculados a exclusión social, abandono escolar y ausencia de seguimiento institucional.
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