Registro de Vándalos e Incivilidades: Gobierno propone restringir beneficios estatales, impedir trámites y crear un registro público para infractores

La agenda de seguridad del Gobierno sumó una de sus propuestas más ambiciosas y controvertidas con el ingreso al Congreso del proyecto que crea el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, mecanismo que busca identificar a quienes sean condenados o sancionados por determinados delitos y conductas que afecten el orden público, los bienes comunes y la convivencia ciudadana.

La iniciativa, anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su Cuenta Pública y actualmente en tramitación legislativa, pretende establecer un sistema similar a otros registros existentes en el país, como el de deudores de pensiones de alimentos o el de personas sancionadas por violencia en los estadios, pero con un alcance mucho más amplio y consecuencias que impactan directamente en diversos ámbitos de la vida cotidiana.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer la protección de los espacios públicos, promover conductas responsables y generar incentivos concretos para el respeto de las normas de convivencia. En ese contexto, la autoridad sostuvo que la propuesta busca que quienes afecten bienes públicos o alteren gravemente la vida comunitaria «respondan por sus hechos».

Qué conductas quedarían registradas

El proyecto distingue entre dos categorías: actos vandálicos e incivilidades.

Dentro de los actos vandálicos se consideran delitos como la destrucción o daño de bienes públicos, los rayados no autorizados, daños a monumentos nacionales, utilización de artefactos incendiarios o explosivos, tráfico de drogas y agresiones o amenazas contra funcionarios públicos, incluyendo carabineros, fiscales, defensores, personal de salud y trabajadores de la educación.

Por otra parte, las incivilidades comprenden conductas de menor gravedad, pero que igualmente afectan la convivencia social. Entre ellas se encuentran la evasión en el transporte público, el consumo de alcohol o drogas en la vía pública, la ocupación indebida de espacios públicos, la venta callejera no autorizada de alimentos, los bloqueos de calles y rutas, los desórdenes en espectáculos masivos y las carreras clandestinas de vehículos.

De acuerdo con la propuesta, la incorporación de una persona al registro requerirá una resolución judicial firme y no podrá efectuarse por decisión administrativa. Además, en el caso de menores de edad, la información permanecerá reservada.

Un registro público administrado por el Registro Civil

El sistema estaría a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación y tendría carácter público. Las consultas podrán ser realizadas por ciudadanos previamente identificados, aunque con límites anuales para evitar usos abusivos de la información.

La permanencia en el registro variará según la gravedad de la conducta cometida y la eventual reincidencia del infractor. Asimismo, el proyecto contempla mecanismos para la eliminación de antecedentes una vez cumplidos los plazos legales establecidos.

Las sanciones que han generado mayor controversia

El aspecto más debatido de la iniciativa son las consecuencias asociadas a la inscripción en el registro.

Mientras la anotación permanezca vigente, las personas afectadas podrían enfrentar restricciones para acceder a subsidios habitacionales y de arriendo, beneficios estudiantiles, becas y determinados fondos concursables financiados por el Estado. También perderían ciertos beneficios tarifarios asociados al transporte público.

A ello se suman limitaciones para obtener o renovar licencias de conducir, pasaportes e incluso para inscribir vehículos o bienes inmuebles a su nombre. El proyecto también contempla la imposibilidad de asistir a espectáculos masivos y partidos de fútbol profesional mientras se mantenga la inscripción.

En los casos considerados más graves, la propuesta prevé además la suspensión temporal de beneficios como la gratuidad en la educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU), particularmente cuando existan condenas por delitos específicos o situaciones de reincidencia.

La información difundida por el Ejecutivo agrega que el sistema contempla una gradualidad de sanciones, diferenciando entre infracciones menores, reincidencias y conductas que involucren violencia, daño significativo a bienes públicos o afectación de servicios esenciales.

Debate jurídico y cuestionamientos

Aunque el Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá fortalecer la responsabilidad individual y reducir la sensación de impunidad, el proyecto ya enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores políticos y académicos.

Uno de los principales reparos apunta a la proporcionalidad de las consecuencias asociadas al registro y a la eventual afectación de principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el debido proceso y la reinserción social.

Las críticas también se han concentrado en la posibilidad de restringir beneficios vinculados a derechos sociales, como la educación o la protección previsional, debate que probablemente marcará la discusión parlamentaria de los próximos meses.

Próximos pasos

El Ejecutivo espera que la discusión legislativa se inicie durante las próximas semanas. De aprobarse, la ley comenzaría a regir tres meses después de la publicación de su reglamento, el que deberá dictarse dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la norma.

Con ello, el proyecto se perfila como una de las iniciativas más relevantes y polémicas de la agenda de seguridad del Gobierno, al intentar combinar sanciones administrativas, consecuencias patrimoniales y restricciones de acceso a beneficios estatales como herramientas para combatir la delincuencia, el vandalismo y las incivilidades.