José Luis Guerrero Becar: “Muchas veces las personas no incumplen la ley por desinterés, sino porque simplemente no la entienden”

Por Felipe Calderón Benítez, PUCV

En medio del creciente debate sobre el acceso efectivo a la justicia y la necesidad de acercar el Derecho a la ciudadanía, el denominado “lenguaje jurídico claro” ha comenzado a consolidarse como una de las principales discusiones contemporáneas en torno a la comunicación jurídica y la legitimidad institucional. La utilización de expresiones excesivamente técnicas, fórmulas tradicionales poco comprensibles y resoluciones difíciles de interpretar ha abierto cuestionamientos sobre la capacidad real de las personas para entender las normas, ejercer adecuadamente sus derechos y comprender las decisiones judiciales que les afectan directamente.

El movimiento de lenguaje jurídico claro, impulsado en los últimos años por la Real Academia Española (RAE) y distintos poderes judiciales iberoamericanos, busca precisamente enfrentar este problema mediante una comunicación jurídica más accesible y comprensible, sin perder el rigor técnico propio del Derecho. La discusión ha cobrado especial relevancia en Chile, donde instituciones como la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional han comenzado a desarrollar iniciativas orientadas a mejorar la claridad en la redacción de normas, resoluciones y comunicaciones institucionales.

Para profundizar en esta materia, conversamos con José Luis Guerrero Becar, abogado, actual decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor y máster por la Universidad de Valencia, España, y profesor de Derecho Económico en la PUCV. Además, es coautor del libro “Lenguaje jurídico claro. Teoría y práctica en el derecho chileno”, obra que aborda los principales desafíos y propuestas vinculadas a esta temática en el contexto nacional.

• Según su opinión, ¿qué se entiende por lenguaje jurídico claro?

El lenguaje jurídico claro puede entenderse como un movimiento que se ha desarrollado con fuerza en los últimos años, impulsado principalmente por la Real Academia Española (RAE), cuyo objetivo es que el lenguaje utilizado en el ámbito jurídico sea comprensible para sus destinatarios, especialmente para los ciudadanos.

En este sentido, se busca que las normas y demás textos jurídicos puedan ser entendidos de manera sencilla y precisa, sin perder el rigor técnico propio del Derecho. La claridad debiese constituir una característica esencial de todo lenguaje; sin embargo, en el ámbito jurídico el desafío es aún mayor, debido a que se trata de un lenguaje especializado.

Por ello, el lenguaje jurídico claro no pretende vulgarizar ni simplificar excesivamente el Derecho, sino más bien hacerlo accesible y comprensible, manteniendo siempre la precisión técnica necesaria.

2. ¿Qué le genera interés respecto de esta temática?

El interés por esta temática surgió a propósito de la reflexión sobre las nuevas capacidades y habilidades que deben desarrollar los estudiantes de Derecho y los futuros abogados. Dentro de ellas, una de las más relevantes es la adecuada expresión escrita y oral, especialmente considerando que el ejercicio del Derecho exige comunicar ideas de manera clara, precisa y comprensible.

En paralelo a ello, comenzó a tomar fuerza el movimiento del lenguaje jurídico claro, impulsado por la Real Academia Española (RAE) en conjunto con los poderes judiciales de Iberoamérica, lo que demuestra el compromiso institucional existente en torno a esta materia.

En particular, siempre me llamó la atención el uso de ciertas expresiones tradicionales del lenguaje jurídico y la necesidad real de seguir utilizándolas. Incluso, algunas de ellas podrían llegar a afectar los derechos de las partes o de los destinatarios de las resoluciones judiciales.

Por ejemplo, expresiones como “estese al mérito de autos” o “solicítese lo que en derecho corresponda” suponen que el juez está pensando o sugiriendo algo que no expresa de manera explícita. En consecuencia, quien recibe la resolución debe intentar interpretar qué quiso decir el tribunal, con el riesgo de equivocarse respecto de lo solicitado o de la actuación que corresponde realizar. Esto puede generar ineficiencias en el sistema y dificultar el acceso efectivo a la justicia.

3. ¿Por qué considera que este tema es relevante en la actualidad?

Este tema resulta especialmente relevante en la actualidad porque, muchas veces, se cuestiona que las personas no cumplen la ley, pero pocas veces se analiza si realmente comprenden aquello que la norma les permite, exige o prohíbe. En ese sentido, es necesario preguntarse si los destinatarios de las normas son efectivamente capaces de entender su contenido.

Tradicionalmente, el Derecho se ha construido sobre la ficción legal de que “la ley se entiende conocida por todos”. Si bien esta idea cumple una función de orden y seguridad jurídica, dicha ficción podría materializarse de manera más efectiva mediante el uso de un lenguaje jurídico más claro y comprensible para la ciudadanía.

Además, actualmente existe una percepción de que las personas incumplen las normas únicamente por desinterés o falta de voluntad; sin embargo, también puede ocurrir que muchas veces no las cumplan porque simplemente no las entienden. Por ello, avanzar hacia un lenguaje jurídico claro no solo favorece la comprensión del Derecho, sino que también contribuye al acceso a la justicia, a la transparencia institucional y al fortalecimiento de la confianza en el sistema jurídico.

4. En su opinión, ¿el ordenamiento jurídico chileno facilita a las personas el acceso a la justicia?

Sí, considero que el ordenamiento jurídico chileno sí facilita el acceso a la justicia, aunque este puede fortalecerse aún más mediante una adecuada comunicación de los derechos y deberes de las personas. En ese sentido, la comunicación cumple un rol fundamental y, por consiguiente, también lo hace el lenguaje utilizado en el ámbito jurídico.

Por ello, resulta especialmente relevante que esta materia haya sido abordada con seriedad por los poderes judiciales iberoamericanos y, en el caso de Chile, por la Corte Suprema, que ha impulsado de manera importante el desarrollo del lenguaje jurídico claro. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en los esfuerzos por mejorar la redacción de las sentencias y favorecer una comunicación más comprensible respecto de los derechos de las personas.

En consecuencia, mientras más claras y accesibles sean las resoluciones judiciales y el lenguaje jurídico en general, mayores serán las posibilidades de que las personas comprendan sus derechos, obligaciones y las decisiones adoptadas por los tribunales, lo que evidentemente contribuye a facilitar el acceso a la justicia.

5. ¿Considera que la complejidad del lenguaje técnico-jurídico puede afectar el derecho de acceso a la justicia?

Por supuesto. En esta materia siempre se debe tener especial consideración respecto de quiénes son los destinatarios del mensaje jurídico. Por ejemplo, una norma del ámbito económico o financiero probablemente utilizará conceptos más técnicos, porque sus destinatarios, en muchos casos, serán personas expertas en esa área.

Sin embargo, en materias como derecho penal o derecho de familia, donde las resoluciones y normas impactan directamente a ciudadanos comunes, resulta fundamental utilizar un lenguaje claro y comprensible. Esto no significa eliminar el carácter técnico del Derecho ni vulgarizar el lenguaje jurídico, sino expresar las ideas de manera precisa y accesible para quienes deben comprenderlas.

Ese es precisamente uno de los principales desafíos del movimiento de lenguaje jurídico claro. Muchas veces quienes impulsan esta iniciativa somos vistos con cierta desconfianza por sectores más tradicionales del mundo jurídico, acostumbrados al uso de un lenguaje especializado. No obstante, este fenómeno no es exclusivo del Derecho, sino que ocurre también en otras disciplinas, como parte de lo que se conoce como alfabetización académica, donde quienes estudian y ejercen una determinada área incorporan de manera inconsciente un lenguaje técnico propio de su especialidad.

Un ejemplo claro ocurre en el ámbito de la medicina. Los médicos utilizan entre ellos un lenguaje altamente técnico; sin embargo, al momento de comunicarse con los pacientes, deben explicar de manera clara y sencilla el diagnóstico, las consecuencias de la enfermedad y el tratamiento a seguir. De lo contrario, el paciente difícilmente podrá comprender su situación o cumplir adecuadamente las indicaciones médicas. Lo mismo debiese ocurrir en el ámbito jurídico respecto de las personas que interactúan con el sistema de justicia.

6. Según su criterio, ¿es posible compatibilizar el lenguaje claro con el lenguaje técnico-jurídico?

Ese es precisamente el gran desafío del lenguaje jurídico claro. Por lo mismo, no se trata simplemente de utilizar un “lenguaje claro” o eliminar toda terminología técnica, ya que existen conceptos propios del ámbito jurídico que no pueden ser reemplazados. Por ejemplo, instituciones como el usufructo poseen un significado jurídico específico que no tiene un equivalente exacto en lenguaje cotidiano. Sin embargo, aunque el término deba mantenerse, sí es posible explicarlo de manera clara y comprensible para las personas.

Distinto es el caso de ciertas expresiones tradicionales, especialmente aquellas en latín, que muchas veces dificultan innecesariamente la comprensión del mensaje jurídico. Probablemente quienes estudian o ejercen el Derecho puedan entenderlas, pero si dichas expresiones aparecen en instrucciones, resoluciones o sentencias dirigidas a ciudadanos comunes, es muy probable que la persona no comprenda su significado y deba recurrir a un abogado para que “traduzca” aquello que el tribunal quiso decir.

En ese contexto, sí puede existir cierta reticencia por parte de algunos colegas frente al avance del lenguaje jurídico claro, debido al temor de que ello disminuya la necesidad de intermediación técnica. Sin embargo, situaciones similares ya ocurrieron en otros ámbitos, como con la implementación de la mediación, donde inicialmente también se pensó que los abogados perderían espacios de trabajo, algo que finalmente no ocurrió.

Por ello, el desafío no consiste en abandonar el lenguaje técnico-jurídico, sino en compatibilizarlo con una comunicación más clara, accesible y orientada a los destinatarios del sistema de justicia.

7. ¿Cómo podemos implementar este lenguaje jurídico claro sin vulgarizar el derecho?

El principal desafío del lenguaje jurídico claro es precisamente evitar la vulgarización del Derecho. No se trata únicamente de modificar la forma de hablar o escribir, sino de desarrollar un trabajo serio de investigación tanto desde la perspectiva jurídica como desde el estudio del lenguaje y la comunicación.

En ese sentido, uno de los aspectos más relevantes de este movimiento es su carácter interdisciplinario. Su desarrollo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre instituciones vinculadas al lenguaje, como la Real Academia Española (RAE), y actores del ámbito jurídico, especialmente los poderes judiciales y los propios juristas. Esta colaboración ha permitido avanzar hacia formas de comunicación más claras sin perder la precisión técnica que exige el Derecho.

Además, este proceso necesariamente será gradual y progresivo, ya que el lenguaje jurídico posee un componente técnico que forma parte de la alfabetización académica propia de quienes estudian y ejercen esta disciplina. Por ello, el límite siempre debe estar en no perder la tecnificación necesaria del lenguaje jurídico, sino en lograr que dicho lenguaje pueda comunicarse de manera más comprensible y accesible para sus destinatarios.

8. ¿Qué medidas podrían implementarse para mejorar esta problemática?

Creo que existen diversas iniciativas que podrían contribuir a mejorar esta problemática. Algunas ya se están desarrollando a nivel institucional, especialmente desde organismos como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, los cuales han impulsado capacitaciones y políticas orientadas a promover el lenguaje jurídico claro entre sus funcionarios y operadores jurídicos.

Sin embargo, considero que todavía existe una deuda importante por parte de las facultades de Derecho, ya que son pocas las que hemos intentado incorporar de manera sistemática la enseñanza y reflexión sobre el lenguaje jurídico claro dentro de la formación de los futuros abogados.

Asimismo, la investigación académica y la difusión de esta temática cumplen un rol fundamental. En la medida en que se evidencie que el lenguaje jurídico claro produce efectos positivos, sin vulgarizar el Derecho, será más fácil que esta práctica se vaya incorporando progresivamente en el ejercicio profesional y en las instituciones jurídicas, tal como ocurrió anteriormente con la mediación.

También es importante comprender que este proceso implica un cambio cultural. Por lo mismo, se trata de una transformación necesariamente gradual y lenta, que requiere que quienes trabajan y se desarrollan en el ámbito jurídico comprendan la importancia de comunicar el Derecho de manera más clara, accesible y cercana para las personas.