TC valida ley que sanciona el no votar con multas de hasta 1,5 UTM

En conclusión, el Tribunal resolvió que el proyecto es plenamente conforme con la Constitución, ya que respeta las reglas sustantivas (regulación de materias electorales conforme a la Carta Fundamental) y formales (quórum y tramitación exigidos), quedando habilitada su promulgación.

La sentencia contiene una prevención de los Ministros (a) Fernández, Peredo y Gómez que destacaron que las modificaciones introducidas a la Ley N° 18.700 responden al mandato de la Constitución en materia electoral, formando parte de un sistema normativo integral que asegura la vigencia de la democracia y los derechos políticos.

Los jueces recuerdan que la Constitución utiliza la denominación de “sistema electoral público” a partir del artículo 18, que constituye la norma básica que da unidad al régimen democrático. Este precepto se correlaciona con numerosos artículos de la Carta Fundamental —desde el 4° y 5° hasta el 141— que, en conjunto, configuran un sistema coherente de principios sobre el tema electoral. A este entramado deben añadirse, además, los artículos 77 y 94 bis, estrechamente vinculados a la norma sometida a control.

Destacaron que el mandato constitucional al legislador orgánico en materia electoral posee un carácter garantista. Por ello, el Tribunal ha sostenido de manera sistemática que el Constituyente entregó a esta categoría normativa todo lo concerniente a la organización y funcionamiento del sistema electoral público y a la forma en que se desarrollan los procesos electorales y plebiscitarios. De esta manera, el legislador no sólo está facultado, sino obligado a legislar sobre estas materias mediante leyes orgánicas constitucionales, ya sea en un único texto o en varios cuerpos legales.

Asimismo, subrayaron que la amplitud de las materias entregadas a este tipo de ley responde al rol del sistema electoral en defensa de la democracia y en garantía del ejercicio de los derechos políticos fundamentales, como el sufragio y la posibilidad de optar a cargos de elección popular. En este sentido, afirmaron que el sistema electoral debe ser una garantía constitucional para la democracia, sustentada en principios como la publicidad, la transparencia, la regulación del gasto electoral, la inscripción automática, el sufragio obligatorio y el resguardo del orden público.

Concluyen que las modificaciones a la Ley N° 18.700 —que incorporan nuevas reglas sobre la designación de vocales de mesa y establecen multas y procedimientos ante los Juzgados de Policía Local para quienes incumplan el deber de sufragar— deben ser calificadas como de rango orgánico constitucional. Se trata, sostuvieron, de un “todo armónico e indivisible” que integra tanto la dimensión administrativa a cargo del Servel como la jurisdiccional encomendada a los tribunales.

El Ministro Fernández y la Ministra Peredo previenen, además, sobre el alcance de la obligatoriedad del voto para todos los electores. Indican que la reforma constitucional introducida por la Ley N°21.524, de 2023, estableció expresamente el carácter obligatorio del voto, determinando que una ley orgánica constitucional fijará las sanciones, exenciones y procedimientos para garantizar su cumplimiento. Durante su tramitación, fue descartada la propuesta de exceptuar a los ciudadanos extranjeros habilitados para sufragar, decidiéndose finalmente que todos los electores, sin distinción, se encuentran obligados a votar conforme al mandato del artículo 15 constitucional.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 17.010-25y Boletín N° 13105-06.