Contraloría: Carabineros debe otorgar apoyo psicológico inmediato ante denuncias de acoso laboral o sexual

La Contraloría General de la República determinó que los funcionarios de Carabineros de Chile contratados por resolución tienen derecho a recibir atención psicológica temprana cuando denuncien situaciones de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, sin que sea necesario instruir previamente un sumario administrativo ni realizar investigaciones destinadas a verificar los hechos denunciados.

El pronunciamiento se originó a partir de una consulta formulada por Carabineros de Chile respecto de la forma en que deben financiarse las prestaciones de salud asociadas a dicha atención psicológica temprana para el personal contratado por resolución. La institución expuso que estos funcionarios no están afectos a la ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y que, en general, las prestaciones derivadas de esas contingencias se otorgan una vez acreditadas mediante sumario administrativo o primeras diligencias.

Al analizar el asunto, el órgano contralor recordó que el instructivo N° E523936, de 2024, emitido con ocasión de la entrada en vigencia de la denominada Ley Karin, dispuso que los organismos que administran prestaciones de salud para funcionarios no cubiertos por la ley N° 16.744 deben garantizar una atención psicológica temprana y oportuna a quienes denuncien hechos de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. En el caso de Carabineros, dicha obligación corresponde a la Dirección de Previsión de Carabineros y a su red asistencial.

Asimismo, la Contraloría señaló que los funcionarios contratados por resolución, aunque no integran la planta institucional, forman parte del personal de Carabineros y se encuentran sujetos a la normativa legal y reglamentaria que regula a la institución. En ese contexto, precisó que la atención psicológica temprana no constituye una prestación médica derivada de una enfermedad profesional ni de un accidente en actos del servicio, sino una medida de apoyo y contención emocional destinada a proteger la salud mental de quienes denuncian conductas indebidas en el ámbito laboral.

En esa línea, el organismo concluyó que basta la presentación de una denuncia por parte del funcionario afectado para que, si este lo solicita, se disponga el otorgamiento de la atención psicológica temprana a través de los organismos de salud correspondientes. Por ello, descartó que sea exigible la apertura de un procedimiento disciplinario, la realización de primeras diligencias o cualquier investigación previa destinada a determinar la efectividad de los hechos denunciados.

El dictamen también precisó que los gastos asociados a estas prestaciones deben financiarse con cargo al subtítulo presupuestario destinado a prestaciones de seguridad social y beneficios médicos del empleador, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes.

Finalmente, la Contraloría aclaró que no corresponde exigir a los funcionarios el reembolso de los costos de la atención psicológica temprana cuando las denuncias sean posteriormente desestimadas, ya que la legislación no contempla dicha consecuencia y una exigencia de esa naturaleza podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley al establecer una diferencia arbitraria respecto de los demás funcionarios de la Administración del Estado.

Vea Dictamen D333N26 de la CGR.