Proponen reemplazar indemnización por años de servicio por Seguro de Cesantía

Un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo propone eliminar la indemnización por años de servicio para los nuevos contratos y reemplazarla por un Seguro de Cesantía fortalecido. Sostiene que el sistema actual encarece la contratación y el despido, beneficia a pocos trabajadores, distorsiona los incentivos laborales, aumenta la judicialización y favorece la precarización del empleo formal.

La indemnización busca proteger los ingresos de quienes pierden su trabajo y corresponde, principalmente, a trabajadores con contrato indefinido, al menos un año de antigüedad y despedidos por necesidades de la empresa o desahucio. Otorga un sueldo por cada año trabajado, con un máximo de 11 remuneraciones y un tope de 90 UF por mensualidad, salvo acuerdo superior. Aunque coexiste con el Seguro de Cesantía desde 2002, el informe advierte que ambos cumplen funciones similares y que los costos del sistema indemnizatorio han recibido poca atención pública.

La primera razón para modificar la indemnización por años de servicio es su impacto en los costos de contratación y despido. Para el empleador, contratar implica anticipar el eventual pago de una indemnización, por lo que un mayor costo de desvinculación encarece también la creación de empleo formal.

En la OCDE, un trabajador con diez años de antigüedad recibe en promedio 3,3 remuneraciones al ser despedido, mientras que con cinco años recibe 1,9. En once países, entre ellos Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia, no existe un pago directo y único a cargo del empleador, aunque pueden operar otros mecanismos de protección, como el fondo acumulado mediante cotizaciones en Austria.

Chile, junto con Israel y Turquía, se ubicaría entre los países con mayores costos de indemnización: un trabajador con diez años de servicio puede recibir diez remuneraciones, muy por encima del promedio de la OCDE.

La indemnización por años de servicio beneficiaría solo a una minoría, aunque sus costos afectarían a todo el mercado laboral. Para recibirla, el trabajador debe ser asalariado formal del sector privado, tener contrato indefinido, más de un año de antigüedad y ser despedido por una causal que otorgue el beneficio, principalmente necesidades de la empresa.

Según datos de 2023, apenas el 15,8% de los trabajadores cumpliría simultáneamente estas condiciones, cifra consistente con otros estudios citados en el informe.

La indemnización por años de servicio puede generar distorsiones para trabajadores y empleadores. En los empleados, puede desincentivar los cambios voluntarios de trabajo, especialmente entre los jóvenes, que suelen pasar por varios empleos al inicio de sus carreras, y eventualmente incentivar conductas destinadas a provocar el despido para acceder al pago. También podría reducir el esfuerzo de quienes tienen mayor antigüedad al considerar que su alto costo de desvinculación los protege frente al despido.

Para los empleadores, el costo acumulado de la indemnización puede llevarlos a despedir a trabajadores con menor antigüedad, aunque tengan mejor desempeño, y a limitar los aumentos salariales, pues estos incrementan sus obligaciones futuras. Además, algunos podrían intentar evitar el pago induciendo renuncias voluntarias.

La indemnización por años de servicio también favorecería la judicialización de los despidos. Cuando el empleador invoca una causal que no contempla indemnización, el trabajador dispone de 60 días hábiles para demandar y solicitar que el despido sea declarado injustificado, indebido o improcedente. Si la acción es acogida, la indemnización puede aumentar mediante recargos de entre 30% y 80%, según la causal cuestionada.

El sistema genera incentivos contrapuestos: las empresas procurarían utilizar causales que eviten el pago, mientras los trabajadores buscarían demostrar judicialmente que sí corresponde indemnización. Además, impide conocer anticipadamente el costo definitivo de una desvinculación. Entre 2015 y 2025, el 36% de las causas analizadas cuestionó la falta de causal y el 26% la aplicación de necesidades de la empresa, con tasas de acogimiento de 83% y 70%, respectivamente. Las demandas por despido injustificado aumentaron de 17.769 en 2021 a 64.287 en 2025, lo que, según el informe, incrementa la incertidumbre y desincentiva la contratación formal.

La indemnización por años de servicio podría precarizar el empleo formal al desincentivar la creación y mantención de contratos indefinidos con más de un año de duración, precisamente los que generan este beneficio. La comparación entre países de la OCDE mostraría que mayores costos indemnizatorios se relacionan con una menor proporción de empleos permanentes.

Chile presentaría una situación especialmente desfavorable: tendría la indemnización más alta de la OCDE, pero sería el tercer país con menor proporción de trabajadores permanentes, cercana al 75%, y también el tercero con más personas que llevan menos de un año en su empleo. Además, el 21% de las relaciones laborales terminaría antes de cumplir ese período.

Aunque cierta rotación es propia de un mercado laboral dinámico, el informe advierte que se vuelve perjudicial cuando responde al propósito de evitar indemnizaciones, pues debilita la estabilidad laboral y dificulta los aumentos de productividad.

El estudio concluye que la indemnización por años de servicio beneficia a pocos trabajadores, pero genera efectos negativos para el conjunto del mercado laboral. Recuerda que la OCDE recomendó en 2013 reducir sus costos y valora que el Gobierno haya incorporado el tema al debate público.

Como Chile ya cuenta con un Seguro de Cesantía, propone fortalecerlo en lugar de mantener dos mecanismos paralelos. Para los nuevos contratos, sugiere reemplazar la indemnización por un seguro reformado, con tasas de reemplazo más altas durante un período más breve e incentivos para buscar activamente empleo.

Actualmente, el seguro cubre el 70% de la remuneración el primer mes y disminuye progresivamente hasta el 30%, con un máximo de 13 pagos. Según el informe, una reforma permitiría proteger a más trabajadores, cualquiera fuera la causa del término laboral, reducir la judicialización y las distorsiones del sistema, dinamizar el mercado y favorecer el empleo formal.

Vea estudio LyD “5 Razones para terminar con la indemnización por años de servicio”.