Las falencias de la reforma legal de la ley 21.523, y su impacto en la aplicación de las penas sustitutivas contempladas en la ley 18.216 para los condenados por los delitos de abuso sexual propio e impropio. Análisis Causa RIT: 130-2018, Tribunal de Juicio Oral de Colina, por Simón Andrés Díaz Calderón

RESUMEN

A partir del fallo del Tribunal de Juicio Oral de Colina Causa RIT: 130-2018, de fecha 29 de Julio de 2019, el presente artículo analiza el tratamiento, por parte de la judicatura de la aplicación de las penas sustitutivas de la ley 18.216 para los imputados condenados por delitos de abuso sexual propio e impropio1**contra niños, niñas y adolescentes cometidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, fecha en la que se publicó La Ley 21.523, y si es posible aplicar dichas penas sustitutivas para esta clase de delitos cometidos con posterioridad a la publicación de la “Ley Antonia”, la cual vino en modificar la aplicación del régimen de penas sustitutivas para ciertos tipos penales, incluido el artículo 366 y siguientes del Código Penal. En este sentido, el presente artículo aborda las falencias de la reforma legal de la Ley 21.523, y su eventual impacto en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Introducción

La sentencia del Tribunal De Juicio Oral En Lo Penal De Colina, RIT: 130-2018, es un ejemplo de que hasta el 31 de diciembre de 2022, no existía duda por parte de la judicatura con respecto a la posibilidad de sustituir las penas corporales por las penas sustitutivas, contempladas en la ley 18.216, en el caso de los condenados por el delito de abuso sexual propio consagrado en el artículo 3662 y siguientes del Código Penal, así lo demuestra la sentencia en comento del presente artículo, en la cual, en audiencia del artículo 343 del Código Procesal, el Tribunal por unanimidad condena al imputado a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de abuso sexual, en grado consumado, la cual finalmente es sustituida por la pena de Libertad Vigilada Intensiva, esto debido a que el imputado fue condenado en calidad de autor por hechos ocurridos en agosto de 2015, cuando él para procurar su satisfacción sexual, efectúo actos de significación y relevancia sexual sobre la víctima de iniciales V.P.N.S.M., nacida el 16 de septiembre de 2000, de 14 años de edad a la época de los hechos, consistentes en obligar mediante la fuerza a la víctima a sentarse sobre sus piernas para luego tocar con sus manos las piernas, glúteos y vagina de la menor por encima de la ropa.

Que en el fallo en comento, el Tribunal de Colina, en su considerando Vigésimo, sostuvo que en mérito del extracto de filiación y antecedentes del sentenciado, teniendo a la vista el peritaje social incorporado por su defensa donde consta que cuenta con arraigo laboral y familiar, y que cuenta con las características suficientes para enfrentar una medida en el medio libre y, reuniéndose así los requisitos establecidos en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 18.216, se le sustituirá la pena por la Libertad Vigilada Intensiva, por igual término que el de la pena privativa de libertad que se sustituye, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile.

Comentario

Que dicho fallo demuestra que efectivamente con anterioridad a la publicación de la Ley Antonia, no existía duda con respecto a la posibilidad que los magistrados pudiesen otorgar una pena sustitutiva pese a que el delito haya sido cometido en contra de una persona que tenga 14 años de edad o menos por hechos ocurridos con anterior a la fecha de la publicación de la Ley 21.523, evidentemente cumpliéndose cada uno de los requisitos que imponen las penas sustitutivas para su otorgamiento.

Que en este sentido, a juicio del legislador, el ordenamiento jurídico nacional hasta antes de la reforma no velaba del todo por la correcta protección hacía los niños, niñas y adolescente ni tampoco con los estándares internacionales, razón por la cual se publicó la Ley Antonia, sin perjuicio de lo cual hasta el día de hoy, es posible, que un condenado por abuso sexual propio e impropio pueda optar a una pena en cumplimiento en libertad.

Si bien la Ley 21.523, modificó el artículo 1 de la Ley 18.216, señalando dicho cuerpo normativo actualmente que: “ No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 293, 361, 362, 363,

365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391 y 411 quáter del Código Penal; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas (…)”.

En consecuencia, a partir del primer artículo de la Ley 21.523, a prima faciese podría concluir erradamente que los abusos sexuales3 cometidos con posterioridad al 31 de diciembre 2022 no tienen derecho a cumplir la pena fuera de un centro penitenciario.

A esta conclusión se podría llegar, siendo plenamente aplicable una correcta protección de los niños, niñas y adolescente en chile, lo cual seguiría estándares internacionales, sin perjuicio de aquello, la situación al parecer no es del todo “feliz”, puesto que la Ley Antonia, si bien modificó el Artículo 1° inciso 2° de la Ley 18.216, no modificó el artículo 15 BIS de dicha Ley, norma que establece la pena sustitutiva de mayor gravedad o intensidad (Libertad Vigilada Intensiva).

Que en este sentido actualmente es dable, por medio de interpretación “in dubio pro-reo”., aplicar el artículo 15 bis Ley 18.216. Que dicho artículo reza que: “La libertad vigilada intensiva podrá decretarse: **a)**Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco, o **b)**Si se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 395, 396, 397, 398 o 399 del Código Penal4, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, y aquellos contemplados en los artículos 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 367, 367 ter, 367 quáter inciso segundo, y 411 ter del mismo Código, y la pena privativa o restrictiva de libertad que se impusiere fuere superior a quinientos cuarenta días y no excediere de cinco años.

En razón de esto, dado que la Ley 18.216, post “Ley Antonia”, sigue contemplando la posibilidad, para los condenados por Abuso Sexual y Estupro, de acceder a una pena no privativa de libertad, en este caso a la Libertad Vigilada Intensiva, dicha pena sustitutiva sería legalmente procedente.

En este sentido, la única interpretación armónica que podría colmar la laguna ante la falta de especificidad en la reforma legal, es entender que conforme a la “Ley Antonia”, se prohíbe expresamente conceder a los condenados por abuso sexual y estupro, remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada simple y prestación en beneficios a la comunidad, siendo posible que dichos condenados solo puedan acceder, si cumplen todos los requisitos del artículo 15 y 15 bis, a la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva.

Por el contrario, entender lo opuesto, implicaría concluir que el legislador no fue lo suficientemente prolijo y no modificó por error el artículo 15 bis al momento de reformar la ley 18.216, más aún considerando que se trató de una ley de especial relevancia, que fue extensamente revisada y discutida y que contó con la aprobación unánime de ambas cámaras.

Que si bien es cierto algunos Tribunales, han señalado que no es dable aplicar las penas sustitutivas de la ley 18.216, a imputados condenados por delitos contemplados en el artículo 366 y siguientes del Código Penal, lo cierto es que los defensores han interpuesto recursos de apelaciones en procedimientos abreviados, para impugnar la negativa del juez de garantía de conceder dicho beneficio.

Un claro ejemplo, es la causa RIT: 271-2023, RUC: 2300084359-8del Juzgado de Garantía de Lebu, en la que el juez a quo no concedió la libertad vigilada intensiva para un imputado que aceptó el procedimiento contemplado en el artículo 406 del Código Procesal Penal.

Que, en dicho fallo, la defensa del condenado interpuesto recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en causa *ROL: Penal – 901 – 2025,la cual decidió revocar la sentencia de primera instancia, sosteniendo que: *“3°) en principio podría concluirse que los abusos sexuales cometidos con posterioridad al 31 de diciembre 2022 no tienen derecho a cumplir la pena fuera de un centro penitenciario. Sin embargo, lo anterior no es así, pues del propio análisis de la Ley N°18.216, en contraposición de la Ley N°21.523, toda vez que esta última si bien modificó el artículo 1° inciso 2° de la Ley N°18.216, no modificó el artículo 15 BIS de dicha ley, norma que establece la pena sustitutivade libertad vigilada intensiva. Dicho artículo señala: “Artículo 15 bis Ley N°18.216. La libertad vigilada intensiva podrá decretarse: a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco (…). Así las cosas, dado que la actual Ley N°18.216, posterior a la Ley N°21.523, sigue contemplando la posibilidad, para los condenados por abuso sexual y estupro, de acceder a una pena no privativa de libertad, en este caso a la libertad vigilada intensiva, dicha pena es legalmente procedente. Aún más siendo esta interpretación la más armónica al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° del Código Procesal Penal;