La Ley Integral de Personas Mayores: entre la innovación normativa y la omisión institucional, por Daniel Vásquez Pereira

A partir de esta definición, se habilita un procedimiento amplio, con legitimación activa extendida y la posibilidad de dictar medidas cautelares, incluso innovativas. Asimismo, se impone al tribunal un estándar reforzado de actuación: no basta con adoptar medidas formales, sino que debe resguardarse efectivamente la integridad de la persona mayor, especialmente en casos de desalojo o separación de su entorno.

Es precisamente aquí donde surge una de las principales tensiones del proyecto. Se entrega al tribunal una responsabilidad que excede lo estrictamente jurisdiccional, obligándolo a intervenir en problemáticas que son, por naturaleza, sociales. La ejecución de estas medidas no puede recaer en terceros sin vínculo, ni resolverse únicamente mediante decisiones judiciales. Requiere de una capacidad estatal real de cuidado, acompañamiento y respuesta territorial, que hoy no se encuentra suficientemente desarrollada.

En este contexto, la omisión del rol de las municipalidades no es menor. A diferencia de lo ocurrido en otros sistemas de protección —como el de la niñez—, el proyecto no establece deberes claros para los gobiernos locales en la detección, denuncia ni gestión de estas situaciones. Esta ausencia resulta difícil de justificar, considerando que son precisamente las municipalidades las que cuentan con mayor conocimiento de las dinámicas familiares y de las condiciones de vulnerabilidad en el territorio.

La consecuencia de esta omisión puede ser significativa. Al carecer de un soporte institucional adecuado, el nuevo procedimiento corre el riesgo de transformarse en un mecanismo de judicialización de problemáticas sociales, trasladando al sistema de familia conflictos que requieren, ante todo, intervención comunitaria y políticas públicas efectivas. En un escenario de limitada oferta estatal y déficit de cobertura, las medidas de protección pueden enfrentar serias dificultades de ejecución, reduciéndose a respuestas formales sin impacto real.

En definitiva, la ley avanza en el reconocimiento normativo de los derechos de las personas mayores, pero lo hace sin un correlato institucional suficiente. La ausencia de un rol claro para el nivel local debilita su implementación y tensiona al sistema judicial más allá de sus capacidades. Si no se abordan estas brechas, el riesgo es que la protección que la ley promete quede, en la práctica, condicionada por las limitaciones estructurales del propio Estado.

Daniel Vásquez Pereira es abogado, estudiante Magister Justicia Constitucional y D.D.H.H, Diplomado en Sistema Internacional de D.D.H.H y Diplomado en Seguridad Publica.