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Asuntos de Interés Público

Enviado por la Corte Suprema

A Cámara informe sobre proyecto de ley que modifica gobierno judicial y crea consejo de nombramientos

El texto texto propone que, en cuanto a la regulación de la ética profesional de los profesionales no colegiados, las propuestas representan un avance al asignar competencia a los tribunales ordinarios para declarar infracciones éticas e imponer sanciones. No obstante, la falta de un marco normativo claro podría generar incertidumbre jurídica tanto para los profesionales involucrados como para los tribunales llamados a resolver dichas reclamaciones.

Por Felipe Godoy·29 de enero de 2025·4 min de lectura
imagen: desafiojoven.com
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Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el martes 9 de enero recién pasado– analizó el proyecto de ley de “Reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales”. Informe que fue enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, el miércoles 17 de enero.

“Que, a modo de conclusión, el proyecto de reforma constitucional contenido en los diversos boletines refundidos, plantea modificaciones sustanciales al diseño institucional y funcional del Poder Judicial chileno. Los principales objetivos de estas iniciativas son separar las funciones jurisdiccionales de las de gobierno judicial, modernizar los procesos de nombramientos judiciales, fortalecer la independencia de los jueces y abordar problemáticas asociadas a la gestión de recursos, los conflictos de interés y la transparencia”, plantea el informe.

El oficio agrega que: “Se reitera que la Corte Suprema, en su Acta N°134-2024 manifestó su postura, compartiendo el diagnóstico general sobre la necesidad de implementar estas reformas, en especial en lo referido a la separación de funciones jurisdiccionales y las que no tienen ese carácter, así como a la modernización del sistema de nombramientos. No obstante, existen discrepancias importantes respecto de las formas propuestas para implementar dichas modificaciones, que en muchos casos no consideran plenamente las implicancias prácticas ni las complejidades del sistema judicial actual”.

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