TEDH valida recortes a remuneraciones de funcionarios públicos en Chipre por crisis financiera

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia en la que examinó una serie de demandas presentadas por 450 funcionarios y jubilados del sector público de Chipre, quienes cuestionaron la legalidad de las reducciones aplicadas a sus remuneraciones y pensiones durante los años posteriores a la crisis financiera global. No constató ninguna violación a los artículos 6 (derecho a un juicio justo) y 1 del Protocolo nº 1 (protección de la propiedad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las medidas en cuestión derivaron de leyes aprobadas en 2011 y 2012, que establecieron aportes obligatorios y recortes graduales según los niveles de ingreso, con vigencia entre cinco y diez años. El tribunal observó que, en el caso del primer grupo de demandantes, los descuentos se aplicaron entre septiembre de 2011 y diciembre de 2016 con porcentajes que oscilaron entre 0% y 3,5% del salario o pensión bruta.

Para los demás solicitantes, las reducciones comenzaron en diciembre de 2012 y se extendieron hasta enero de 2023, alcanzando tramos de entre 0% y 17,5%. Estas modificaciones habían sido previamente declaradas constitucionales por el Tribunal Supremo de Chipre en fallos dictados en 2014 y 2020.

Durante el análisis de los antecedentes, el Tribunal consideró que los tribunales nacionales chipriotas interpretaron de manera detallada el alcance de las leyes y resolvieron las controversias tomando en cuenta el estado crítico de las finanzas estatales en ese periodo. Se destacó que las afectaciones a los ingresos de los demandantes no fueron definitivas y se limitaron a un periodo determinado, lo que difería de otros casos en que las pérdidas eran permanentes.

Respecto del derecho a un juicio justo, el Tribunal desestimó los argumentos de quienes alegaban que el Tribunal Supremo no había mantenido una línea jurisprudencial uniforme. Señaló que las diferencias de criterio respondían a la distinta naturaleza de los casos analizados y que, en la situación debatida, las reducciones no equivalían a la supresión total o irreversible de prestaciones, como había ocurrido en litigios anteriores.

En cuanto al derecho a la propiedad, el tribunal europeo reconoció que las deducciones representaban una injerencia, pero indicó que se habían adoptado mediante leyes vigentes, con objetivos legítimos y dentro del margen que poseen los Estados para definir políticas económicas y sociales en situaciones excepcionales. Tras la revisión de los elementos del caso, el tribunal concluyó que se alcanzó un equilibrio adecuado entre el interés general y la protección de los derechos individuales.

En relación con la alegación de discriminación, el Tribunal resolvió que los demandantes no se encontraban en una situación comparable con los trabajadores del sector privado, dado que sus ingresos procedían del presupuesto estatal. Por ello, el reclamo fue declarado inadmisible.

“Es claro que la restricción sobre los derechos de los demandantes había tenido el objetivo legítimo de proteger el erario público durante un periodo de seria dificultad financiera. Teniendo en cuenta ese objetivo y el hecho de que los Estados miembros disponían de un amplio margen de maniobra (“margen de apreciación”) al decidir sobre políticas sociales y económicas, las autoridades habían logrado un equilibrio justo entre las exigencias del interés general de la comunidad y la protección de los derechos fundamentales individuales de los demandantes”, señaló el fallo.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.