TEDH confirma validez de condena civil contra empresa de familia Berlusconi por soborno a magistrado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en relación a las demandas que la empresa Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A. y el fallecido exmandatario italiano Silvio Berlusconi interpusieron contra el Estado de Italia. El litigio se originó por una disputa por el control de la editorial Mondadori, donde una sentencia de 1991 fue cuestionada años después tras acreditarse la corrupción del magistrado que actuó como ponente en la causa.

La sentencia determinó por unanimidad que no existió una vulneración al principio de cosa juzgada ni al derecho de acceso a un tribunal establecido por la ley. Según el tribunal, la revisión de una solución judicial previa en el marco de una demanda de indemnización se justifica por motivos imperiosos de justicia, siempre que la medida se ajuste al derecho interno y mantenga un equilibrio entre los intereses privados y la necesidad de asegurar una correcta administración judicial.

En cuanto a la protección de la propiedad, la Corte descartó que la condena al pago de indemnizaciones materiales por parte de la empresa recurrente fuera arbitraria o desproporcionada. El fallo resalta que el monto de la reparación se calculó basándose en informes periciales sobre los perjuicios reales sufridos por la contraparte, CIR S.p.A., y que el impacto financiero de dicha cifra en la situación económica de Fininvest no resulta un factor pertinente para evaluar la licitud del pago.

Respecto a la situación de Silvio Berlusconi, el tribunal concluyó por una mayoría de seis votos contra uno que no hubo infracción a su derecho a la presunción de inocencia. El TEDH observó que, si bien las jurisdicciones civiles italianas examinaron hechos que fueron objeto de un proceso penal cerrado por prescripción, los jueces nacionales precisaron de forma reiterada que su análisis se limitaba estrictamente a la responsabilidad civil, evitando imputar cargos de naturaleza criminal al recurrente.

No obstante, el fallo estimó una violación específica al derecho a un proceso equitativo debido a la falta de fundamentación en la determinación de las costas procesales en la instancia de casación. El tribunal advirtió que la justicia italiana no proporcionó explicaciones sobre los parámetros utilizados para fijar un monto de 900.200 euros, lo que impidió verificar si el cálculo se ajustaba a los criterios de complejidad y valor del caso exigidos por la legislación vigente.

El caso se centra en la responsabilidad civil de la empresa Fininvest por los daños causados a la sociedad CIR tras acreditarse que una sentencia judicial de 1991, que resolvió una disputa por el control de la editorial Mondadori, fue obtenida mediante el soborno de uno de los jueces integrantes del tribunal. El vínculo con Silvio Berlusconi es directo, ya que en el momento de los hechos era el presidente y representante legal de Fininvest, y fue acusado de autorizar el pago de aproximadamente 1,5 millones de euros destinados a corromper al magistrado para asegurar un fallo a su favor.

A pesar de que la causa penal contra el ex mandatario italiano fue sobreseída por prescripción, los tribunales civiles italianos determinaron que el acto ilícito de corrupción era atribuible a la compañía bajo su mando, lo que llevó a Berlusconi a demandar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que dichas sentencias civiles vulneraron su derecho a la presunción de inocencia.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.